Desde hace mucho tiempo nos venimos haciendo esta pregunta quienes pudimos detectar desde el propio 4F quién realmente es este personaje. Predijimos con elevado éxito su comportamiento posterior, mientras el ciudadano común, el pueblo, quien esperanzado en este nuevo salvador de la patria, tomo actitudes absurdas que rallaban en lo irracional. Vimos como familiares muy cercanos nos discutían con vehemencia que lo propuesto por Chávez, basado en la doctrina bolivariana, era lo que necesitaba el país, es decir, que bastaba con “cantar el himno nacional a cada momento” (repetición de Luis Herrera), “..que la corrupción de los funcionarios públicos debía ser castigada ejemplarmente con el fusilamiento del corrupto” y “que los americanos estaban signados por la providencia a esclavizar a los pueblos del  mundo”.

Mientras mas avanzaba su posibilidad de acceder a la presidencia de la republica vimos surgir nuevas invenciones que gustaron mucho a ese pueblo, siendo las principales el de “La Democracia Participativa” y la famosa “Constituyente”, expresiones como “freír la cabeza de los adecos en aceite” fueron música para una mayoría que pensaba que nuestros principales males eran esos adecos y copeyanos corruptos que durante 40 años habían dilapidado la riqueza nacional. Sin embargo, ya en este punto muchas personas de ese pueblo comenzaron a sospechar que algo no marchaba bien, términos como “Oligarcas” para definir a una clase media exitosa, restaron un alto porcentaje de votantes que el propio 4F lo admiraron al pronunciar el famoso “Por Ahora”, mientras Arias, Urdaneta, Chirinos, Guyón y otros no asimilaban lo que había sucedido. Posterior a esto e inmediatamente  asumida la presidencia comenzó el carnaval de la constituyente. Se eligieron ciento y tanto de constituyentes; joroperos, brujos, homosexuales, mujeres, indios, negros (sin menoscabar la condición de ninguno), pensaron que ellos eran especiales y no solo reclamaron espacios en la constituyente, sino que abogaron para que se incluyesen artículos que especialmente los beneficiara, sin detenerse a pensar que una constitución consagra los derechos individuales de la población y que ni siquiera las regiones (Estados y Municipios) pueden reclamar espacios en la misma, pues para esto cuentan con las constituciones o leyes en sus estados en el entendido que estas tienen que estar apegadas a esa constitución Nacional.

Toda esta apología viene a tratar de auto convencernos de que no podemos cometer nuevamente los mismos errores, no podemos pretender que después de salir de Chávez, como estamos seguros que sucederá en un corto tiempo, nuestros problemas se resolverán inmediatamente y que otro Mesías aparecerá. Todavía nos sorprendemos al oír personas que a sabiendas de lo difícil de la situación se preguntan como el Chapulín, “y ahora… ¿quien podrá defendernos?”.  OJO,  YA TUVIMOS NUESTRO “Chávez del Ocho”. Tomemos como ejemplo lo que ha sucedido en la llamada Coordinadora Democrática, cuando la oposición dejo de tirarle flechas a la luna y comenzó a organizarse (dejando claro que esta organización comienza con la CTV y FEDECAMARAS), se inicia lo inevitable; “La Caída De Esta Falacia”, sin embargo, debemos entender y sobre todo esos políticos que si bien su participación es indispensable, es la ciudadanía quien debe seleccionar a sus interlocutores. Aquí quien pidió a gritos El Paro fue el ciudadano común y mas bien se corrió el peligro de que ese ciudadano le pasara por encima a la coordinadora, si no se tomaba la decisión en forma inmediata. Los venezolanos no queremos ver a estos personeros reclamando espacios por un liderazgo que alguna vez tuvieron y ya se mostraron algunos síntomas con la firma en Altamira donde solo falto la firma  de CAP, pues firmaron personajes de todo tipo.

No debemos confiar en una sola persona para dirigir al país  en estos tiempos difíciles, debemos tener claro que la situación es grave, puede ser que una sola persona tenga los proyectos e ideas para solventar la crisis, pero debemos buscar y proporcionar el equipo para ejecutarlo.

Ya muchos analistas comienzan a mencionar la etapa de transición, sin embargo, hemos analizado desde hace mucho las alternativas propuestas. En primer lugar, la enmienda constitucional basada en la reducción del periodo presidencial, para después aplicar el articulo 72 de Referendo Revocatorio y recientemente la del Referendo Consultivo (dando por sentado que Chávez renuncie), nos presagian una difícil etapa de transición. La presidencia será asumida por el Vicepresidente (a) quien llamará a elecciones en 30 días, sin embargo, el resto de los poderes permanecerá hasta el fin de sus periodos porque así lo establece la constitución y habrá que inventar otro referendo para convocar a unas elecciones generales.

Nuestra proposición la explicamos aquí detalladamente. Debemos aclarar que la misma ha sido enviada desde enero de este año a diversas organizaciones (Coordinadora Democrática, Primero Justicia, Acción Democrática, Copey y otras) y a personajes de la vida nacional (Alberto Quirós Corradi, Carlos Blanco, Alfredo Toro Hardy, Emeterio Gómez, Luis Giusti y otros) y a decir verdad por las respuestas obtenidas pareciera no haber gustado. Sin embargo, mientras más nos acercamos al final, más viabilidad le vemos, y le proponemos a través de este medio, que usted lo analice y si lo considera viable, lo ponga en marcha y de esta forma, al igual que sucedió con El Paro, estas organizaciones asuman la responsabilidad de llevarlo adelante.

www.comosalirdechavez.ve.gs

news.bbc.co.uk

Venezuela has begun importing oil as an opposition-led strike to force the resignation of President Hugo Chavez leads to further oil and food shortages.

The announcement from the world's fifth largest oil exporter came as striking executives of Venezuela's state oil firm, PDVSA, voted to continue the strike which began on 2 December.

Several opposition rallies were taking place on Thursday as mediators scheduled more talks to end the crisis.

Thousands of protesters demonstrated in the streets of Caracas and at the PDVSA headquarters.

'Unfriendly' Brazil's state oil firm, Petrobras, is shipping 520,000 barrels of oil to Venezuela as the government seeks overseas help to cope with domestic fuel shortages.

The ship carrying the fuel will arrive by the weekend, Brazilian officials said.

Venezuela is also to begin an oil-for-food programme with the Dominican Republic, the agriculture minister announced, with a rice shipment due to arrive later on Thursday on board a Venezuelan navy vessel.

Talks with Colombia aimed at importing milk and meat are also going on.

The opposition condemned the Brazilian assistance as unfriendly, as oil executives vowed to continue the shutdown.

"We oil workers will remain untiring in our struggle until he [President Chavez] resigns or accepts calling elections," Juan Fernandez, one of the striking PDVSA managers said.

"We will continue until what we are demanding comes true," Juan Fernandez said.

"This is a fight of a people who are demanding liberty!" said Timoteo Zambrano, an opposition negotiator at talks sponsored by the Organisation of American States.

"The international community cannot ask for the impossible" - call off the strike and resume oil exports, Mr Zambrano said.

Oil provides about 70% of Venezuela's export revenues.

The government is only able to maintain exports at between 5% and 10% of the usual 2.7 million barrels per day.

Mediation

Mr Zambrano said the opposition had three proposals at talks sponsored by the OAS - which began on Thursday afternoon:

• Mr Chavez should quit
• Mr Chavez should call a referendum on his whether he should continue in office in early 2003
• Mr Chavez should guarantee the jobs of striking PDVSA workers who have been sacked.

OAS chief Cesar Gaviria, who has put forward a 24-point plan, has indicated that there has so far been no real progress but both sides are, he believes, still willing to examine the proposals.

The opposition, which includes political parties, unions and business leaders, accuse President Chavez of economic mismanagement and authoritarian rule.

They want him to step down and elections to be brought forward.

But Mr Chavez, who was elected in 1998 and survived a coup attempt in April, insists he will stay on until a referendum on his rule next August - halfway through his current term.

Long queues have become a daily sight at petrol stations, as motorists wait for hours to get rationed fuel.

The United States is reducing its representation in Caracas as a result of the strike, ambassador Charles Shapiro announced on Thursday.

"We have closed the trade and commerce office in the embassy and we are extremely concerned," Mr Shapiro said.

www.forbes.com Reuters, 12.26.02, 3:42 PM ET

CARACAS, Venezuela, Dec 26 (Reuters) - British Gas <BG.L> will not bid on developing a natural gas block in the offshore Deltana region, a multi-million-dollar development it had been pre-selected to make an offer on, a company spokeswoman said. A spokeswoman for the company, which was chosen in August by the government to partner with U.S. oil major ChevronTexaco (nyse: CVX - news - people) in a bid for Deltana's Block 2, said the decision had nothing to do with the country's ongoing strike, now in its fourth week. "It was a strictly commercial decision," the spokeswoman said. Gas production from the region is slated to feed a planned 4.7 million tonne per year liquefied natural gas (LNG) plant that will export gas to the giant U.S. market by 2007. Venezuela's Ministry of Energy and Mines received bids for three blocks in the Deltana region near gas-rich Trinidad last week, in the midst of a strike by foes of President Hugo Chavez which has virtually halted the energy sector of the world's No. 5 crude exporter. ChevronTexaco offered $19 million to develop Block 2 without BG, while French major TotalFinaElf <TOTF.PA> offered $100,000 for Block 3. Norwegian firm Statoil <STAT.OL> offered $32 million For Block 4 while competitor TotalFinaElf offered $5.15 million. British major BP has separately been in talks for Deltana's Block 1. All firms would partner with state oil firm PDVSA. The government hopes to raise $4 billion through investment in Deltana. The opposition strike, which has the support of many PDVSA executives and managers, has severely reduced the OPEC nation's oil sales that provide about half of government revenues. Government efforts to break the strike using replacement workers have met with little success, and the dissident oil firm employees have said that they will not return to their jobs until Chavez is out of office. In Deltana, Venezuela is seeking to recreate the success of neighboring Trinidad, which has built one of the largest LNG export projects in the Atlantic basin. Copyright 2002, Reuters News Service

Amnesty International is decrying the Chavez regime's attacks on Venezuelan protesters.

"Amnesty International urges the security forces to act with scrupulous attention to the standards that regulate the use of force when dealing with present and planned demonstrations and mobilizations," the organization said in a statement.

"Since the tragic events of April 2002, Amnesty International has on many occasions denounced the excessive use of force by the police and the National Guard, that has resulted in death and injury. Any action ignoring these standards should be rigorously investigated and punished. ...

"By exercising their legitimate right to the freedom of assembly, association and expression, opposition sectors should take responsibility for choosing protest methods and tactics that do not undermine constitutional guarantees. ...

"Both sides should commit themselves to the search for negotiated and peaceful solutions, through a dialogue focused on the need to strengthen the rule of law and full observance of human rights. The fundamental objectives of this process should be to end impunity, depoliticize the armed and security forces, and recover the credibility of the administration of justice.

"At the same time, the international community and especially the regional and international human rights organizations, must redouble their efforts to facilitate a peaceful resolution of the crisis, and to provide adequate mechanisms and resources to monitor the human rights situation in the country and stop the situation from deteriorating.

"To this end, we support the request made by the International Human Rights Commission for permission to make a monitoring visit to the country and we urge the government to extend an invitation to other inter-governmental human rights monitoring mechanisms," said Amnesty International.

Caracas, 26 de diciembre de 2002

Desde hace catorce años COFAVIC viene monitoreando la situación de los derechos humanos en Venezuela, investigando de manera independiente más de doscientos setenta casos, capacitando a sectores claves de la sociedad y del estado venezolano y promoviendo una mayor conciencia sobre los principios y las obligaciones que se derivan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este último año, hemos recibido más de 120 denuncias y asumido 62 de estas por ser relativas a gravísimas violaciones de los derechos fundamentales. También hemos sistematizado información en cuatro estados del país sobre las actuaciones de grupos parapoliciales y la impunidad con la que han contado estos actores en la ejecución de sus crímenes.

Ante la situación actual, estimamos de primera importancia que la comunidad internacional se mantenga vigilante ante los serios riesgos que enfrentan los derechos humanos y la democracia en nuestro país. Apreciamos muy particularmente las gestiones y respaldos, durante el proceso de facilitación, que varios países democráticos e instituciones internacionales han dado a las gestiones emprendidas por el Excmo. Secretario General de la Organización de Estados Americanos, concretadas en la instalación de la "Mesa de Negociación y Acuerdos".

COFAVIC considera que:

1. En Venezuela se ha venido debilitando de manera progresiva y seriamente preocupante, el Estado de derecho. Un elemento desencadenante de esta situación que afecta directamente los derechos humanos es la evidente falta de independencia y de confianza de instituciones cruciales para la pervivencia del régimen democrático, como lo son la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Poder Judicial.

Estas instituciones, asimismo, han venido siendo objeto de intromisiones por parte de algunas altas autoridades del Poder Ejecutivo, que distorsionan y presionan sobre la fase preliminar de las investigaciones policiales y judiciales. Por ello, resulta imperativo que la Asamblea Nacional inicie un proceso serio, transparente y acorde con lo establecido en la Constitución Venezolana que culmine con la designación del Poder Judicial y Ciudadano.

2. La impunidad se ha profundizado notablemente protegiendo sistemática y férreamente a los que cometen crímenes contra los derechos humanos. Esto queda demostrado ante la falta de resultados concretos en las investigaciones iniciadas a raíz de los sucesos de abril, hostigamientos permanentes contra comunicadores sociales y defensores de derechos humanos y de los asesinatos y actos de amedrentamiento que cometen con absoluta impunidad grupos parapoliciales en nueve estados del país. Por ello resulta de primera importancia que se realicen investigaciones judiciales y administrativas de manera independiente y confiable.

En estas investigaciones deben cumplirse estrictamente las normativas internacionales previstas y, dadas las circunstancias actuales, debería ineludiblemente contarse con el auxilio de expertos internacionales.

3. En instancias judiciales de primer nivel se ha venido generando una serie de jurisprudencia regresiva para la protección de los derechos humanos y que menoscaba abiertamente la vigencia plena del Estado de Derecho. Ejemplos de esta situación los configuran las sentencias de la Sala Constitucional sobre conflictos de autoridades entre la Alcaldía Mayor de Caracas y el Ministerio de Interior y Justicia del 16 de diciembre de este año y la medida cautelar innominada dictada en el caso del conflicto petrolero en fecha 17 de diciembre. Según la primera decisión, cualquier componente de la Fuerza Armada podría asumir funciones de orden y público y, en el segundo dictamen, por su ambigüedad, se conduce a interpretaciones completamente contrarias a las garantías individuales, como sería la posibilidad de privación de libertad por parte de autoridades administrativas sin orden judicial y la imposición a particulares de trabajo forzado.

En los estados democráticos existe un núcleo intangible de derechos que no pueden ser suspendidos en circunstancia especial alguna, ni bajo un estado de excepción ni en caso de guerra, tal y como lo establecen los principales instrumentos de protección de los derechos humanos, la doctrina y la jurisprudencia universal e interamericana. Entre estos derechos no suspendibles se encuentran el derecho a la vida, integridad personal, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, prohibición de esclavitud y servidumbre, principio de legalidad e irretroactividad, libertad de conciencia y religión, protección a la familia, derecho al nombre, derechos del niño, derecho a la nacionalidad y derechos políticos así como las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Bajo ninguna circunstancia alegada, ni siquiera durante la vigencia de un Estado excepción, un gobierno democrático está facultado para exigir el trabajo forzoso, lesionar la autonomía de los poderes públicos ni reducir las garantías judiciales, previstas en la Constitución venezolana y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos suscritos y ratificados por la República. De darse estas circunstancias las instancias internas deberían iniciar de oficio las investigaciones conducentes y si esto no se ejecuta se allana de manera expedita la vía de acceso y uso de las instancias internacionales.

4. En el mes de diciembre, se han venido realizando detenciones arbitrarias que constituyen una clara violación del debido proceso y de la protección judicial que están consagradas en los principales instrumentos de derechos humanos que ha suscrito y ratificado la República. Estas detenciones han violado la obligación del juez natural y de un acceso rápido y razonable a una defensa justa. Estos hechos deben ser investigados con autonomía y firmeza por parte de los órganos competentes. El debido proceso es también un pilar fundamental del estado de Derecho, por lo que la lesión a éste no sólo afecta a las víctimas directamente sino que es una afrenta al régimen democrático. Ningún ordenamiento administrativo ni ningún acto judicial puede, en un Estado democrático, vulnerar las garantías judiciales a que tienen derecho todas las personas sin discriminación alguna.

5. En este último trimestre de manera preocupante se han agudizado los ataques contra periodistas, camarógrafos y fotógrafos, entre estos hechos destacan los ataques sufridos por el reportero Luis Alfonso Fernández, quien está bajo protección especial por medida cautelar de la CIDH y el técnico José Antonio Dávila, cuando estos cumplían con su trabajo en Chuao, el pasado 3 de diciembre. La libertad de expresión es un derecho que debe ser respetado integralmente por parte del Estado venezolano. Estos delitos se han ejecutado con agresiones personales, actos de hostigamiento, saqueos y destrucciones de medios de comunicación. Crímenes que no sólo afectan a las víctimas directas sino que configuran un delito contra toda la sociedad venezolana.

6. Asimismo, se han repetido crímenes cometidos por personas civiles armadas que han gozado de total impunidad y que se han ejecutado bajo la modalidad de violencia política. Ejemplo de esto son los asesinatos y heridos acaecidos en el casco central de Caracas, el pasado 4 de noviembre, y el 6 de diciembre en la Plaza Altamira, como el es el caso de la joven Keyla Guerra asesinada en ese lugar. El Estado Venezolano según el Derecho Internacional de los derechos Humanos está obligado a investigar y castigar a los responsables de estos gravísimos delitos.

7. También, en este último trimestre se han reprimido con un claro uso desproporcionado de la fuerza pública manifestaciones civiles de carácter pacífico. Luego de estos hechos nadie ha sido castigado ni las víctimas han sido reparadas por los órganos competentes. Resultan ilustrativo de esto los casos de los Sres. Miguel Eduardo Sucre, Omar Padrón y Alfredo Ramírez, seriamente lesionados en Chuao el pasado 3 de diciembre; así como la detención ilegal y maltratos físicos sufridos por Francisco Peña y Carlos Carmona en Prados del Este el mismo día 3 de diciembre.

8. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado, este año, 12 medidas cautelares para proteger los derechos a la vida, integridad personal y libertad de expresión, entre otros, de defensores de derechos humanos, comunicadores sociales, diputados, víctimas de los sucesos del 11 de abril, así como de testigos y familiares de las víctimas de grupos parapoliciales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primera vez en la historia en el caso de Venezuela, ha dictado tres medidas provisionales dada la urgencia y el extremo riesgos de las víctimas favorecidas. Sin embargo, el Estado venezolano de manera sistemática ha venido incumpliendo sus obligaciones interamericanas. En ninguno de estos casos se ha castigado a los responsables y en lo relativo a las medidas provisionales, luego de un mes de la resolución de la Ilustre Corte, ni siquiera el Estado venezolano ha cumplido con la protección policial adecuada y demás medidas mínimas de protección a las víctimas.

En el caso concreto de una de las víctimas, el Sr. Luis Uzcátegui, luego de la resolución de la Corte Interamericana fue arbitrariamente privado de su libertad y se han incrementado las amenazas que ha venido sufriendo sin que el estado ofrezca un signo mínimo de acatamiento de estas importantes decisiones interamericanas. La sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso del Caracazo, el pasado 8 de agosto, que obliga a Venezuela a ajustar los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de los derechos humanos, ha sido también desacatada reiteradamente por el Estado venezolano. Asimismo, rechazamos de manera categórica que el Estado venezolano hoy públicamente haya asimilado las facultades de la Comisión y de la Corte Interamericana a las recomendaciones que provienen de las organizaciones no-gubernamentales internacionales. Lo órganos rectores del sistema interamericano tienen plena competencia consultiva y contenciosa en materia de derechos humanos para la República y sus decisiones son inapelables y de obligatorio cumplimiento para todos los órganos del Poder Público. El Estado está obligado a cumplir los tratados internacionales de buena fe según los principios generales del Derecho Internacional y no puede excusarse en razones de conveniencia o simpatía política para aplicar o no un tratado internacional.

9. Venezuela vive una creciente intolerancia política que ha degenerado en gravísimos actos de violencia. Todos los que vivimos en este país debemos hacer esfuerzos sostenidos para recuperar la concordia y la pervivencia de espacios democráticos. Por ello esta COFAVIC invita a la colectividad a acompañarnos en esta reflexión promoviendo activamente la tolerancia y la solidaridad, principios esenciales de la convivencia humana y de los derechos humanos. Todas las personas, sin distinciones de raza, credo, origen social o condición política deben ser respetadas en condiciones de igualdad. Nadie tiene derecho a repudiar impunemente a otro y a perturbar su vida familiar. Si existen discrepancias de carácter político, éstas deben exponerse en un ambiente de diálogo democrático y bajo la premisa esencial del respeto que merecemos todos los seres humanos. Por todo lo anterior, nos permitimos exhortar a todos los sectores de la sociedad venezolana, muy especialmente a las Asociaciones de Vecinos, su valiosa mediación a fin de que cese cualquier acto de hostilidad contra cualquier familia que detente ideas políticas diferentes a las de alguna parte de los vecinos. Ese sería un paso fundamental para reafirmar el carácter democrático de quienes están participando activamente en el plano político y configuraría un signo inequívoco de que el deseo mayoritario de los venezolanos sin distinción alguna es procurar la paz y fortalecer la democracia.

Por todo lo expuesto instamos firmemente al Estado venezolano a enmarcar sus acciones y políticas dentro de los principios y obligaciones contenidas en los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, como base fundamental del régimen de libertades públicas. El respeto y la garantía de los derechos constituyen una obligación indivisible e ineludible para los Estados democráticos. Asimismo, exhortamos a los diversos sectores de la sociedad venezolana a promover un clima de mayor concordia y tolerancia, respetando la diversidad política y actuando bajo los parámetros que ofrecen nuestra constitución y el régimen democrático en general.

Caracas, 26 de diciembre de 2002.

Liliana Ortega Directora Ejecutiva COFAVIC