Un llamado urgente a la sociedad venezolana y a la comunidad internacional

Los próximos días serán decisivos para la vigencia del estado de derecho en Venezuela, advirtió hoy Amnistía Internacional, insistiendo en que en estas horas tan críticas es fundamental el apoyo de la comunidad internacional para la resolucion de la crisis en el país.

"A más de dos semanas del inicio del paro civico general, el país corre el riesgo de caer una vez más en el abismo que supone la ruptura del orden constitucional, del cual depende la plena vigencia de los derechos humanos," agregó la organización.

"La gravedad de la situación que enfrenta la sociedad venezolana requiere una respuesta concertada de todos los sectores de lo sociedad. La disyuntiva que éstos enfrentan es seguir por la vía del enfrentamiento, perpetuando así el ciclo de violencia, hostigamiento y polarización, o comprometerse a buscar soluciones pacíficas y negociadas enmarcadas en la constitución y en la normativa internacional de derechos humanos," continuó.

Por lo tanto, Amnistía Internacional insta urgentemente a todos los sectores de la sociedad y las instituciones a que tomen ciertas medidas básicas e inmediatas para defender el estado de derecho y restaurar la gobernabilidad. En particular:

Ante las manifestaciones y movilizaciones actuales o planificadas, Amnistía Internacional insta a las fuerzas de seguridad a que actúen con escrúpuloso apego a las normas que regulan el uso de la fuerza en tales situaciones. En numerosas ocasiones desde los trágicos sucesos de abril de 2002, Amnistía Internacional ha venido denunciado el uso excesivo de fuerza por parte de la policía y la Guardia Nacional, que ha resultado en muertes y lesiones. Cualquier acto de desacato a esas normas debe ser rigurosamente investigado y sancionado. Deben cesar de inmediato los ataques en contra de periodistas y otros trabajadores de la prensa. En momentos de crisis es todavía mas crucial el garantizar la libertad de expresión, pilar fundamental de un estado de derecho. Asimismo, la indispensable labor de los defensores de derechos humanos no ha de verse indebidamente restringida y todos deben contar con la proteccion imparcial de la ley. Al ejercer su legítimo derecho a la libertad de asamblea, asociación y expresión, los sectores de oposición deben asumir la responsabilidad de elegir métodos y tácticas de protesta que no socaven las garantías constitucionales. Sin estas garantías, perjudican los derechos de todos. Asimismo, considerando el papel jugado por los medios de comunicación en el desarrollo de la crisis, Amnistía Internacional insta a los periodistas y comunicadores venezolanos a que asuman su responsabilidad de informar de forma seria e imparcial sobre la situación, para evitar agudizar la polarización de la situación. Ambos sectores deben comprometerse en la búsqueda de soluciones negociadas y pacíficas, mediante un diálogo centrado en la necesidad de fortalecer el estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. Acabar con la impunidad, despolitizar las fuerzas armadas y de seguridad, y recobrar la credibilidad de la administración de justicia deben ser ejes fundamentales de este proceso.

Al mismo tiempo, la comunidad internacional, y en particular los organismos regionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, debe redoblar esfuerzos para facilitar la resolucion pacífica de la crisis, así como brindar mecanismos y recursos adecuados para observar la situación de derechos humanos en el país y evitar su deterioro.

"A este fin, hacemos eco del pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de permitir una visita de observación al país e instamos al gobierno a que extienda una invitación a otros mecanismos inter-gubernamentales de monitoreo de los derechos humanos," declaró Amnistía Internacional.

Antecedentes La polarización política en Venezuela ha estado amenazando durante todo el año con conducir a una violencia en gran escala. Actualmente la tensión es especialmente intensa con la huelga nacional indefinida, que se encuentra ya en su duodécimo día, convocada por la oposición para derrocar al presidente Chávez. En este contexto, se han registrado numerosos hechos de violencia, entre ellos el asesinato de tres personas durante una manifestación de la oposición el 6 de diciembre en la Plaza Francia de Caracas. La huelga ha paralizado numerosos sectores de la economía.

El 11 de abril de 2002, una huelga nacional similar dio lugar a actos violentos que se saldaron con la muerte de 20 personas, y a su vez esa violencia dio lugar a un fallido golpe de estado y la detención temporal del presidente Chávez. El 13 de abril, el presidente volvió al poder tras amplias protestas nacionales e internacionales por el quiebre del orden constitucional. Los intentos por negociar una solución se han sucedido desde entonces. En estos momentos, César Gaviria, presidente de la Organización de los Estados Americanos, está mediando en las conversaciones entre el gobierno y la oposición.

Este documento ha sido redactado originalmente en español en el Secretariado Internacional - www.edai.org

Leonor Acevedo - Sábado, 21 de diciembre de 2002 Yo soy una novata en este asunto de la política. Estoy segura que muchos de ustedes también lo son. El carácter belicoso del Presidente y el bombardeo de los medios me llevaron a marchar, protestar y uniformarme para acompañar a las Mujeres por la libertad, ni me inscribí ni firmé nada, pero estuve allí, muy cerca de todo. Pero me cansé, no me rendí, sino que me cansé de ver al gobierno diciendo que no pasa nada con la complicidad cobarde de los periodistas de Venezolana de Televisión y tampoco soporto a Carlos Ortega amenazando al presidente ni a Carlos Fernández, que ni siquiera puede hilar una idea, ambos, en cadena por Globovisión, Televen. Venevisión y Radio Caracas Televisión. Me cansé.

Este paro, que empezó como una iniciativa para fortalecer a la Mesa de Negociación y Diálogo, magistralmente llevada por César Gaviria, se convirtió en un mecanismo para satisfacer el ansia de poder de grupos asociados a PDVSA, CTV y Fedecámaras, pero ellos no son el país. Nosotros, quienes nos oponemos al estilo presidencial de Hugo Chávez, somos, por lo menos, 12 millones de venezolanos y no creo que nos sintamos representados en el verbo de Ortega y Fernández. Es más, confieso que siento escalofríos cuando veo al señor William Dávila en la mesa, cuando no hace mucho leíamos los escándalos por corrupción en su gestión merideña. Me cansé.

El blanco y el negro como inevitable ruta del pensamiento abandona los matices, nos lleva por el tubo repetitivo y fanático de Marta Colomina y Ernesto Villegas y yo sé que puedo ir más allá, no soy una simple ama de casa, soy venezolana, universitaria y sé lo que quiero para mis hijos. Es preocupante que el Fiscal General y el Defensor del Pueblo sean militantes del verbo de Hugo Chávez, pero también lo es el papel de un canal como Globovisión que nos entretiene martillando una y otra vez noticias de segunda, evadiendo el análisis, diciéndonos qué y cómo debemos hacer. Me cansé.

Al ver como pasan los días y como se me va el tiempo en colas en la gasolinera, el supermercado y en las taquillas bancarias, mientras el gobierno dice que aquí no pasa nada y la oposición presenta estadísticas como si fuese un concurso de Quién aguanta más; entendí que yo soy más que eso. El señor Chávez ha domesticado a su gabinete, pero Ortega y Fernández han hecho lo mismo con la Coordinadora Democrática. Yo me pregunto, como venezolana, por qué no ha aparecido una sola mujer dando los reportes diarios del paro o alguien del interior del país. Esos señores, es evidente, quieren estar en los medios, quieren estar en la Presidencia, cuando Chávez ni sueña con dejarla. Me cansé.

Pero de lo que estoy más cansada es de sentirme usada, porque si preguntas en una marcha hacia dónde queremos ir, la gente te manda a cantar las consignas del día. Pues Ni un paso atrás, no regresaré a esta oposición que venera a los militares golpistas de Altamira y que no se atreve a preguntarle a Ortega y Fernández cuál es el plan paralelo. Porque estoy segura que ese plan existe, ellos sueñan en arrearnos a Miraflores para que un chavista lunático nos mate y así, dentro de ese sueño por supuesto, se levanten los militares institucionalistas y le den el soñado golpe de estado al Presidente. Eso no es lo que se me ofreció al iniciar el paro, que por demás sólo funciona en Caracas, Maracaibo y Barquisimeto, ya que en Margarita, me dijo una vecina, las tiendas venden, los carros ruedan y la Navidad empezó hace mucho, como debió haber empezado en mi casa con mis hijos y esposo, pero empezará a partir de hoy. Yo tomé el control remoto y borré el canal 8 (VTV) y el 33 (Globovisión) de mis opciones y ahora, se los juro, soy feliz entre comiquitas, programas de salud y documentales históricos.

leonorace@cantv.net  

Víctor M. Mijares - Viernes, 20 de diciembre de 2002 El sostenimiento de posiciones duras, bajo la estrategia de no ceder nada antes que el otro ceda algo, en la “mesa de negociación y acuerdos” asistida por la OEA y fuera de este escenario político de coincidencia (al menos táctica), ha llevado a las partes en pugna, el gobierno del presidente Chávez y la heterogénea coalición de grupos, gremios y partidos articulados en la “Coordinadora Democrática”, a extender sus demandas más allá de la racionalidad política, abriendo la posibilidad real de generar enfrentamientos armados entre facciones milicianas o mercenarias y negarle la oportunidad de contar con el orden público mínimo a un eventual régimen de transición.

El haber comprendido el proceso de negociación, no como un mecanismo de resolución de conflicto político por el cual las partes se comprometen a ceder en aquellos puntos que bajo el escrutinio de la razón no resultan vitales para la consecución de sus objetivos, sino como la arena sobre la cual se baten en lucha de argumentos en la mesa y acciones fuera de ella contendientes que aspiran a ganarlo todo como compensación a su fuerza y astucia, reduce la flexibilidad del instrumento y, por consiguiente, su efectividad para ser herramienta de concertación de acuerdos; es decir, la causa final de la negociación se pierde, con el riesgo de constreñir la posición del otro y hacerle tomar medidas desesperadas que conduzcan a la sociedad venezolana a presenciar episodios de violencia política, fenómeno que se consideraba superado pero que hoy se nos presenta nuevamente como un sustrato social emergente.

La violencia política venezolana se considera comúnmente como una sucesión de eventos derivados del sistema caudillista decimonónico que se estableció alrededor de la Guerra Federal, y que se extinguió como fenómeno hacia principios del siglo XX, cuando las primitivas pero leales y bien armadas tropas de Juan Vicente Gómez pacificaron al país (sin poder aplacar del todo los movimientos sediciosos que coexistieron con el gomecismo). Se suele pasar por alto la última guerra venezolana, de carácter civil como todas las nuestras, que se inició con la caída por medio de la destitución militar de Marcos Pérez Jiménez, y terminó con la amnistía general del primer gobierno del presidente Caldera. Ésta, nuestra más reciente guerra civil, tuvo como marco internacional e ideológico el enfrentamiento Este-Oeste, la Guerra Fría, pero no por ello se alejó del principio rector de todas nuestras pugnas armadas: la búsqueda de la incorporación propia al aparato de dominación del Estado por parte de facciones que plantean la desincorporación o anulación política de adversarios que disputen posiciones de poder.

La guerra civil de los 60 y principios de los 70 se caracterizó por la implementación, por parte de los grupos armados de izquierda (los contendores), de la estrategia maoísta de la guerra larga, basada en la creación de focos guerrilleros en espacios geográficos de difícil accesibilidad ubicados en sectores rurales (lo que redundaría en la configuración de una base social o respaldo de la vanguardia revolucionaria), reproduciendo las operaciones exitosas de la Sierra Maestra, e incluso recibiendo pertrechos militares de la Revolución cubana. Por parte del status quo democrático-representativo, la guerra se afrontó siempre bajo el principio de la necesidad política de mantener el orden interno, evitando la penetración de factores externos que potenciaran las capacidades de organización y fuego de los subversivos. La disponibilidad del dispositivo de guerra del Estado se combinó con la conveniencia pactada de los partidos victoriosos incluidos en el “Pacto de Puntofijo”, generándose un frente defensivo armado y legítimo típicamente clausewitziano, persiguiendo como objetivo la pacificación por medio de la acción de asestar golpes militares contundentes que destruyeran la moral y la potencia del adversario y precipitaran una decisión del conflicto en breve plazo. El paso siguiente de la pacificación fue la inclusión política, al sistema de partidos, de las fuerzas derrotadas militarmente.

Subyace a esta estrategia de Estado el contar con unas Fuerzas Armadas capacitadas material e intelectualmente para enfrentar los movimientos subversivos de “golpear y correr” de la guerra de guerrillas. Pero además, se debe contar con la voluntad de un cuerpo militar acoplado a los objetivos de la República, establecidos por la clase política (que tal acoplamiento sea producto del ejercicio virtuoso de la ciudadanía, del interés corporativo de subsistencia, o del convencimiento individualista del bienestar privado de cada efectivo, no es relevante para los efectos de este texto).

En estos momentos; cuando nos hallamos a las puertas de una potencial confrontación armada de bajísima intensidad, pero con las características proyectadas del uso táctico del terror, no estamos tan seguros de contar con una Fuerza Armada que se halle en capacidad de afrontar la pacificación armada de grupos que pretendan sustraerle gobernabilidad a un eventual gobierno de transición, sea éste el resultado de una salida pactada o traumática del actual gobierno, o una prolongación institucional o impuesta del mismo. El Estado venezolano se encuentra en una posición tal de debilidad institucional y física que el advenimiento de otra guerra civil podría arrojarnos, mutatis mutandi, a una situación de atomización del poder, en la cual cada actor con disponibilidad de fuerzas (alcaldes, gobernadores, facciones militares o individuos con capacidad para mantener fuerzas mercenarias) se cobije con la legitimidad de su uso. La defenestración de tal esquema podría venir de una intervención extranjera, la que consideramos de difícil materialización dada las actuales condiciones internacionales del Derecho y del Sistema Interamericano (aunque no se descarten presiones económicas), o por la conquista victoriosa de una facción, actor o coalición de actores políticos del aparato de coacción del Estado, con lo cual el ciclo de violencia política nacional se completaría y reforzaría la filosofía de nuestra historia.

victormijares@hotmail.com  

Jorge Olavarría - Sábado, 21 de diciembre de 2002 El paro petrolero no obedece a ninguna vinculación jurídica predeterminada o determinable, como alega la sentencia de la Sala Constitucional. El paro petrolero es un hecho. Nace del ejercicio subjetivo del derecho de rebelión, por razones individuales de cada uno de los asociados de Gente de Petroleo y de los millones que concurren espontáneamente, en unidad coincidente de propósito, a ofrecer su solidaridad con marchas y protestas, exigiendo la salida de Hugo Chavez de la Presidencia como condición para cesar la insurrección popular de la cual el paro petrolero es una expresión.

Los integrantes de Gente del Petróleo no actúan como asociados. Actúan como miembros de otro tipo de asociación: son ciudadanos de la nación venezolana. Juan Fernandez lo ha dicho cien veces. Actúa individualmente como ciudadano libre en reclamo del ejercicio de un derecho colectivo difuso. Lo hace por vías de hecho porque todas las otras vias se han agotado. No puede cruzarse de brazos ante la destrucción de PDVSA y las Fuerzas Armadas. Otros demás hacen lo mismo. El es su vocero. La suma de las decisiones individuales conforman la insurrección de los venezolanos que prefieren los sacrificios de un paro civico, a la inmolación cierta de su derecho a la vida, la libertad y la propiedad que la permanencia de Hugo Chavez en el poder amenazan explícitamente.

Los hombres y mujeres que hacen del paro petrolero una realidad, estan materializando su derecho al desconocimiento del régimen, inscrito en el articulo 350 de la Constitución. Lo hacen conforme al derecho primario de realizar lo que consideran un acto de legítima defensa. Esa es la esencia de la insurreccion que esta en curso. Contra eso no hay amparo.

Lo que esta sucediendo puede estar o no estar adecuado a la legalidad formalmente imperante, según la perspectiva de quien lo vea. La mía es que el derecho a la rebelión tiene la intrínseca legalidad de una causa que obliga al ejercicio directo de la soberanía. El reconocimiento extra-nacional de esa legitimidad vendrá con su éxito. Pero ya el éxito de la insurereccion esta abrumadoramente ratificado por marchas y manifestaciones en toda Venezuela, como nunca se han visto. Nadie puede obligar a un pueblo a sujetarse a las cadenas de un dogma constitucional fruto del engaño y la usurpación y coraza para la siembra de las bases de un modelo de totalitarismo comunista que repugna a los venezolanos.

Lo unico que hoy se pide es que se le permita a la rebelion venezolana contarse. Pacificamente. Democraticamente. Constitucionalmente. Como lo exige la OEA. Pero Chavez no quiere contarse en forma alguna. Quiere que lo saquen por la fuerza porque sabe que será derrotado. Habrá que complacerlo. Cuanto antes. Porque, mientras pasan los días saquea los bienes publicos y arma a sus seguidores. La OEA entendera o no entendera lo que aqui sucede. Nos da lo mismo. El asunto no es jurídico. Es político y originario en su justificación supralegal. Y si se quiere una base jurídico-constitucional, alli esta el artículo 350 que ordena al pueblo desconocer un régimen como el de Chavez.

¿Quién puede dirimir jurídicamente la situación? Tal y como estan las cosas en Venezuela, nadie. Solo el ejercicio directo de la justicia, en su forma originaria, mediante el voto, lo puede resolver pacifica y legalmente. Pero el gobierno se niega. ¿Que se puede hacer? Obligarlo. Habrá que complacer a Chavez en lo que es su próposito, que no es renunciar ni ser derrotado en un referendum o una eleccion. Lo que Chavez busca es ser derrocado por un acto de fuerza, para decirse la victima de una confabulación tenebrosa de golpistas, para a partir de alli empezar a trabajar para su regreso. El sabe que el camino que tomó lo ha llevado a una calle sin salida. Para su supervivencia, el golpe es necesario.

Si de todo esto sale un gobierno provisional cuyo único propósito sea reconstruir PDVSA y organizar, en el mas breve plazo posible elecciones, ese sería un gobierno verdaderamente revolucionario: habrá nacido de la mas hermosa y noble insurrección popular de nuestra historia. Si sabe cumplir con su misión histórica, tendrá el reconocimiento que se merece.

Publicado originalmente en El Nacional  

Luciano F. Reni B. - Miércoles, 18 de diciembre de 2002 Según lo declarado reiteradamente, a través de los diferentes medios de comunicación, por voceros gubernamentales a su más alto nivel, el paro promovido por un "grupito" de ejecutivos "golpistas" de nuestra primera industria está condenado al fracaso. Ello se debería fundamentalmente a que un cierto número de técnicos extranjeros, supuestamente suministrados por Arabia Saudita y otros países amigos, estaría en capacidad de poner rápidamente de nuevo en operación normal y segura todas las actividades de compresión, extracción, almacenamiento, bombeo, transporte, refinación, carga y despacho de buques conexos a nuestra industria petrolera.

Ante tan osadas afirmaciones, nos dimos a la tarea de someterlas a discusión y análisis dentro de pequeños grupos de profesionales universitarios con muchos años de experiencia y pertenecientes, en su mayoría, a diferentes ramas de la ingeniería. No sin sorpresa, pudimos constatar que las declaraciones oficiales antes referidas habían logrado un grado apreciable de credibilidad. Es por tanto lógico presuponer que un efecto aun más contundente debe haber sido logrado en el grueso de nuestra población, cuyo nivel promedio de educación, especialmente en el campo que nos ocupa, es prácticamente nulo.

El momento decisivo en el que se encuentra nuestro país, así como los altísimos riesgos a los cuales nos enfrentamos y de cuyo desenlace depende el futuro de las próximas generaciones, nos ha alentado a tratar de establecer si las afirmaciones antes aludidas tienen un basamento sólido. Acometimos esa tarea con base en nuestra experiencia de muchos años en el campo de la instalación, puesta en marcha y operación de plantas petroquímicas en los complejos de Morón y El Tablazo, así como de la erección de importantes unidades de producción, bombeo, transporte (oleoductos y gasoductos), refinación y almacenamiento de petróleo y gas en todo el territorio nacional.

Un primer enfoque nos lleva a determinar, con las naturales reservas, que para dirigir adecuadamente y con seguridad las operaciones ya nombradas, durante las 24 horas del día y en forma ininterrumpida por períodos largos, habría que traer al país no menos de 500 a 1000 ingenieros, técnicos y operadores de planta altamente calificados quienes, junto con sus homólogos venezolanos, eventualmente dispuestos a colaborar con las actuales autoridades, podrían estar en capacidad de volver a poner en producción normal todo el sistema operacional concatenado antes citado. Ahora bien, analicemos brevemente los pasos, dificultades y los tiempos mínimos indispensables para contratar, traer al país y luego permitir que ese contingente se empape profunda y concienzudamente de las innumerables tareas y funciones que deberá desempeñar oportunamente, con gran exactitud y en perfecta secuencia para lograr, con éxito, el ambicioso objetivo propuesto.

En primer lugar, la sola fase de reunir, contratar formalmente, traer e instalar a lo largo de toda nuestra geografía, incluyendo las facilidades de alojamiento y transporte tradicionalmente exigidas, ese número de técnicos extranjeros, requeriría no menos de dos meses. A este punto, es menester aclarar que ninguna compañía en el mundo podría disponer, en tan corto tiempo, más allá de una fracción del total requerido. En otras palabras, los expertos nacionales, una vez determinado claramente el perfil de cada individuo solicitado, según la función que deberá desempeñar individualmente, se verán en la necesidad de contactar a la mayor parte de las empresas petroleras internacionales, así como a los propietarios y suplidores de los diferentes procesos (Ingeniería básica y know-how) de refinación, para que todos ellos colaboren en la ardua tarea de reunir súbitamente esa cantidad tan apreciable de técnicos. Concomitantemente nuestros expertos, asistidos por abogados duchos en la materia, tendrían que discutir y firmar con cada firma suplidora los respectivos contratos y proceder a la apertura de sus cartas de crédito bancarias. Conviene aclarar, a este punto, que los "fees" o tarifas libres de gastos de alojamiento, comida y transporte locales, usualmente aplicadas en estos casos, varían individualmente de 400 a 1000 dólares por día, según el nivel jerárquico y grado de especialización de cada persona contratada.

Una vez llegados a Venezuela e instalados en su correspondiente área de trabajo, los ingenieros de mayor nivel y responsabilidad se verán obligados a aprender el exacto funcionamiento de cada componente que conforma cada unidad de producción, bien sea en un campo de extracción de crudo o en una refinería. Recuérdese sobre todo que al tratarse de refinerías, cada una de ellas tiene sus propias particularidades que la hace diferente de cualquier otra, como es el caso de todas nuestras refinerías. Esos ingenieros deberán entonces localizar y "estudiar" detenidamente centenares de planos, diagramas de flujo, manuales de arranque, de operación y parada, en condiciones normales y de emergencia, de cada sección, unidad y planta, todo ello en estricta relación con el manejo computarizado que se efectúa a partir de grandes y complejas salas de control. Después de haberse debidamente empapado de todas esas operaciones, los ingenieros de mayor nivel tendrán que impartir instrucciones y aleccionar a sus subalternos con el objeto de que cada uno de ellos pueda llevar a cabo las operaciones que le corresponden, como parte de un equipo que debe trabajar en perfecta armonía, es decir, como si se tratara de una orquesta filarmónica. A su vez, los técnicos extranjeros se verán en la necesidad de comunicarse con los operadores locales en la forma debida y en idioma comprensible para ambos. De lo contrario, el riesgo de que se produzca una situación similar a la "Torre de Babel" es muy grande, pudiendo llegar a ser trágicas sus consecuencias. Esta fase, al término de la cual el nuevo equipo técnico podría comenzar a efectuar los primeros simulacros de puesta en marcha secuencial de toda una cadena de refinación, requeriría no menos de dos meses.

En resumen, nuestras refinerías podrían estar nuevamente operando en forma normal y continua, a plena capacidad, en un período comprendido entre 5 y 6 meses, contados a partir del momento en que sea tomada la decisión de contratar ejecutivos y técnicos extranjeros. En cambio, la producción y despacho de crudo podrían ser reiniciados mucho más rápidamente, es decir, en la mitad del lapso citado. Mientras tanto, el país vería probablemente reducidos a la mitad sus ingresos de divisas por concepto de exportación de hidrocarburos y productos petroquímicos, lo cual representaría una merma total de aproximadamente 6 millardos de dólares durante el período afectado de seis meses. A su vez, el PIB de la nación para el año 2003 se vería afectado en al menos un 10%, al sumar los efectos directos e indirectos derivados de la reducción de nuestras exportaciones. Lo que sería más grave y devastador aun es el hecho que, al concentrarse tal reducción en el primer semestre del año entrante, la caída de nuestro PIB durante ese período sería teóricamente del orden del 20%. No obstante, ese cálculo resultaría seguramente muy conservador puesto que no incluye un descenso considerable, adicional, del PIB, debido al cierre en cadena de las pocas empresas aun activas en el país, con el consiguiente desempleo y fuga masiva de capitales.

Aun admitiendo que, debido a razones obvias, el presente análisis contenga algunas aproximaciones e inexactitudes, creemos que el panorama que de él se desprende debería llamar a una reflexión profunda a quienes pensaron y le anunciaron al país, en algún momento de comprensible precipitación, que la solución simplista a la presente crisis consistiría en la contratación de un indeterminado número de técnicos extranjeros, de diferentes nacionalidades, expertos en la producción y refinación de petróleo, así como en el manejo de plantas petroquímicas y de fertilizantes químicos, instalaciones que, adicionalmente en el caso de Venezuela, se encuentran diseminadas en casi todo lo largo y ancho del territorio. Para quienes aun no se han convencido, habrá que recordarles el dicho: "para muestra, sólo un botón, allí está el Pilín León".

(*): Ingeniero Químico - University of Oklahoma, 1958 . Dr. En Ciencias Económicas-Université Paris IX-Dauphine, 2000 . Investigador Asociado al EURISCO y a la Escuela Doctoral (EDOCIF) de la Universidad de Paris IX-Dauphine.

email:lfreni@cantv.net