Amnesty International is decrying the Chavez regime's attacks on Venezuelan protesters.

"Amnesty International urges the security forces to act with scrupulous attention to the standards that regulate the use of force when dealing with present and planned demonstrations and mobilizations," the organization said in a statement.

"Since the tragic events of April 2002, Amnesty International has on many occasions denounced the excessive use of force by the police and the National Guard, that has resulted in death and injury. Any action ignoring these standards should be rigorously investigated and punished. ...

"By exercising their legitimate right to the freedom of assembly, association and expression, opposition sectors should take responsibility for choosing protest methods and tactics that do not undermine constitutional guarantees. ...

"Both sides should commit themselves to the search for negotiated and peaceful solutions, through a dialogue focused on the need to strengthen the rule of law and full observance of human rights. The fundamental objectives of this process should be to end impunity, depoliticize the armed and security forces, and recover the credibility of the administration of justice.

"At the same time, the international community and especially the regional and international human rights organizations, must redouble their efforts to facilitate a peaceful resolution of the crisis, and to provide adequate mechanisms and resources to monitor the human rights situation in the country and stop the situation from deteriorating.

"To this end, we support the request made by the International Human Rights Commission for permission to make a monitoring visit to the country and we urge the government to extend an invitation to other inter-governmental human rights monitoring mechanisms," said Amnesty International.

Caracas, 26 de diciembre de 2002

Desde hace catorce años COFAVIC viene monitoreando la situación de los derechos humanos en Venezuela, investigando de manera independiente más de doscientos setenta casos, capacitando a sectores claves de la sociedad y del estado venezolano y promoviendo una mayor conciencia sobre los principios y las obligaciones que se derivan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este último año, hemos recibido más de 120 denuncias y asumido 62 de estas por ser relativas a gravísimas violaciones de los derechos fundamentales. También hemos sistematizado información en cuatro estados del país sobre las actuaciones de grupos parapoliciales y la impunidad con la que han contado estos actores en la ejecución de sus crímenes.

Ante la situación actual, estimamos de primera importancia que la comunidad internacional se mantenga vigilante ante los serios riesgos que enfrentan los derechos humanos y la democracia en nuestro país. Apreciamos muy particularmente las gestiones y respaldos, durante el proceso de facilitación, que varios países democráticos e instituciones internacionales han dado a las gestiones emprendidas por el Excmo. Secretario General de la Organización de Estados Americanos, concretadas en la instalación de la "Mesa de Negociación y Acuerdos".

COFAVIC considera que:

1. En Venezuela se ha venido debilitando de manera progresiva y seriamente preocupante, el Estado de derecho. Un elemento desencadenante de esta situación que afecta directamente los derechos humanos es la evidente falta de independencia y de confianza de instituciones cruciales para la pervivencia del régimen democrático, como lo son la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Poder Judicial.

Estas instituciones, asimismo, han venido siendo objeto de intromisiones por parte de algunas altas autoridades del Poder Ejecutivo, que distorsionan y presionan sobre la fase preliminar de las investigaciones policiales y judiciales. Por ello, resulta imperativo que la Asamblea Nacional inicie un proceso serio, transparente y acorde con lo establecido en la Constitución Venezolana que culmine con la designación del Poder Judicial y Ciudadano.

2. La impunidad se ha profundizado notablemente protegiendo sistemática y férreamente a los que cometen crímenes contra los derechos humanos. Esto queda demostrado ante la falta de resultados concretos en las investigaciones iniciadas a raíz de los sucesos de abril, hostigamientos permanentes contra comunicadores sociales y defensores de derechos humanos y de los asesinatos y actos de amedrentamiento que cometen con absoluta impunidad grupos parapoliciales en nueve estados del país. Por ello resulta de primera importancia que se realicen investigaciones judiciales y administrativas de manera independiente y confiable.

En estas investigaciones deben cumplirse estrictamente las normativas internacionales previstas y, dadas las circunstancias actuales, debería ineludiblemente contarse con el auxilio de expertos internacionales.

3. En instancias judiciales de primer nivel se ha venido generando una serie de jurisprudencia regresiva para la protección de los derechos humanos y que menoscaba abiertamente la vigencia plena del Estado de Derecho. Ejemplos de esta situación los configuran las sentencias de la Sala Constitucional sobre conflictos de autoridades entre la Alcaldía Mayor de Caracas y el Ministerio de Interior y Justicia del 16 de diciembre de este año y la medida cautelar innominada dictada en el caso del conflicto petrolero en fecha 17 de diciembre. Según la primera decisión, cualquier componente de la Fuerza Armada podría asumir funciones de orden y público y, en el segundo dictamen, por su ambigüedad, se conduce a interpretaciones completamente contrarias a las garantías individuales, como sería la posibilidad de privación de libertad por parte de autoridades administrativas sin orden judicial y la imposición a particulares de trabajo forzado.

En los estados democráticos existe un núcleo intangible de derechos que no pueden ser suspendidos en circunstancia especial alguna, ni bajo un estado de excepción ni en caso de guerra, tal y como lo establecen los principales instrumentos de protección de los derechos humanos, la doctrina y la jurisprudencia universal e interamericana. Entre estos derechos no suspendibles se encuentran el derecho a la vida, integridad personal, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, prohibición de esclavitud y servidumbre, principio de legalidad e irretroactividad, libertad de conciencia y religión, protección a la familia, derecho al nombre, derechos del niño, derecho a la nacionalidad y derechos políticos así como las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Bajo ninguna circunstancia alegada, ni siquiera durante la vigencia de un Estado excepción, un gobierno democrático está facultado para exigir el trabajo forzoso, lesionar la autonomía de los poderes públicos ni reducir las garantías judiciales, previstas en la Constitución venezolana y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos suscritos y ratificados por la República. De darse estas circunstancias las instancias internas deberían iniciar de oficio las investigaciones conducentes y si esto no se ejecuta se allana de manera expedita la vía de acceso y uso de las instancias internacionales.

4. En el mes de diciembre, se han venido realizando detenciones arbitrarias que constituyen una clara violación del debido proceso y de la protección judicial que están consagradas en los principales instrumentos de derechos humanos que ha suscrito y ratificado la República. Estas detenciones han violado la obligación del juez natural y de un acceso rápido y razonable a una defensa justa. Estos hechos deben ser investigados con autonomía y firmeza por parte de los órganos competentes. El debido proceso es también un pilar fundamental del estado de Derecho, por lo que la lesión a éste no sólo afecta a las víctimas directamente sino que es una afrenta al régimen democrático. Ningún ordenamiento administrativo ni ningún acto judicial puede, en un Estado democrático, vulnerar las garantías judiciales a que tienen derecho todas las personas sin discriminación alguna.

5. En este último trimestre de manera preocupante se han agudizado los ataques contra periodistas, camarógrafos y fotógrafos, entre estos hechos destacan los ataques sufridos por el reportero Luis Alfonso Fernández, quien está bajo protección especial por medida cautelar de la CIDH y el técnico José Antonio Dávila, cuando estos cumplían con su trabajo en Chuao, el pasado 3 de diciembre. La libertad de expresión es un derecho que debe ser respetado integralmente por parte del Estado venezolano. Estos delitos se han ejecutado con agresiones personales, actos de hostigamiento, saqueos y destrucciones de medios de comunicación. Crímenes que no sólo afectan a las víctimas directas sino que configuran un delito contra toda la sociedad venezolana.

6. Asimismo, se han repetido crímenes cometidos por personas civiles armadas que han gozado de total impunidad y que se han ejecutado bajo la modalidad de violencia política. Ejemplo de esto son los asesinatos y heridos acaecidos en el casco central de Caracas, el pasado 4 de noviembre, y el 6 de diciembre en la Plaza Altamira, como el es el caso de la joven Keyla Guerra asesinada en ese lugar. El Estado Venezolano según el Derecho Internacional de los derechos Humanos está obligado a investigar y castigar a los responsables de estos gravísimos delitos.

7. También, en este último trimestre se han reprimido con un claro uso desproporcionado de la fuerza pública manifestaciones civiles de carácter pacífico. Luego de estos hechos nadie ha sido castigado ni las víctimas han sido reparadas por los órganos competentes. Resultan ilustrativo de esto los casos de los Sres. Miguel Eduardo Sucre, Omar Padrón y Alfredo Ramírez, seriamente lesionados en Chuao el pasado 3 de diciembre; así como la detención ilegal y maltratos físicos sufridos por Francisco Peña y Carlos Carmona en Prados del Este el mismo día 3 de diciembre.

8. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado, este año, 12 medidas cautelares para proteger los derechos a la vida, integridad personal y libertad de expresión, entre otros, de defensores de derechos humanos, comunicadores sociales, diputados, víctimas de los sucesos del 11 de abril, así como de testigos y familiares de las víctimas de grupos parapoliciales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primera vez en la historia en el caso de Venezuela, ha dictado tres medidas provisionales dada la urgencia y el extremo riesgos de las víctimas favorecidas. Sin embargo, el Estado venezolano de manera sistemática ha venido incumpliendo sus obligaciones interamericanas. En ninguno de estos casos se ha castigado a los responsables y en lo relativo a las medidas provisionales, luego de un mes de la resolución de la Ilustre Corte, ni siquiera el Estado venezolano ha cumplido con la protección policial adecuada y demás medidas mínimas de protección a las víctimas.

En el caso concreto de una de las víctimas, el Sr. Luis Uzcátegui, luego de la resolución de la Corte Interamericana fue arbitrariamente privado de su libertad y se han incrementado las amenazas que ha venido sufriendo sin que el estado ofrezca un signo mínimo de acatamiento de estas importantes decisiones interamericanas. La sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso del Caracazo, el pasado 8 de agosto, que obliga a Venezuela a ajustar los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de los derechos humanos, ha sido también desacatada reiteradamente por el Estado venezolano. Asimismo, rechazamos de manera categórica que el Estado venezolano hoy públicamente haya asimilado las facultades de la Comisión y de la Corte Interamericana a las recomendaciones que provienen de las organizaciones no-gubernamentales internacionales. Lo órganos rectores del sistema interamericano tienen plena competencia consultiva y contenciosa en materia de derechos humanos para la República y sus decisiones son inapelables y de obligatorio cumplimiento para todos los órganos del Poder Público. El Estado está obligado a cumplir los tratados internacionales de buena fe según los principios generales del Derecho Internacional y no puede excusarse en razones de conveniencia o simpatía política para aplicar o no un tratado internacional.

9. Venezuela vive una creciente intolerancia política que ha degenerado en gravísimos actos de violencia. Todos los que vivimos en este país debemos hacer esfuerzos sostenidos para recuperar la concordia y la pervivencia de espacios democráticos. Por ello esta COFAVIC invita a la colectividad a acompañarnos en esta reflexión promoviendo activamente la tolerancia y la solidaridad, principios esenciales de la convivencia humana y de los derechos humanos. Todas las personas, sin distinciones de raza, credo, origen social o condición política deben ser respetadas en condiciones de igualdad. Nadie tiene derecho a repudiar impunemente a otro y a perturbar su vida familiar. Si existen discrepancias de carácter político, éstas deben exponerse en un ambiente de diálogo democrático y bajo la premisa esencial del respeto que merecemos todos los seres humanos. Por todo lo anterior, nos permitimos exhortar a todos los sectores de la sociedad venezolana, muy especialmente a las Asociaciones de Vecinos, su valiosa mediación a fin de que cese cualquier acto de hostilidad contra cualquier familia que detente ideas políticas diferentes a las de alguna parte de los vecinos. Ese sería un paso fundamental para reafirmar el carácter democrático de quienes están participando activamente en el plano político y configuraría un signo inequívoco de que el deseo mayoritario de los venezolanos sin distinción alguna es procurar la paz y fortalecer la democracia.

Por todo lo expuesto instamos firmemente al Estado venezolano a enmarcar sus acciones y políticas dentro de los principios y obligaciones contenidas en los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, como base fundamental del régimen de libertades públicas. El respeto y la garantía de los derechos constituyen una obligación indivisible e ineludible para los Estados democráticos. Asimismo, exhortamos a los diversos sectores de la sociedad venezolana a promover un clima de mayor concordia y tolerancia, respetando la diversidad política y actuando bajo los parámetros que ofrecen nuestra constitución y el régimen democrático en general.

Caracas, 26 de diciembre de 2002.

Liliana Ortega Directora Ejecutiva COFAVIC

By an OGJ correspondent ogj.pennnet.com

RIO DE JANEIRO, Dec. 26 -- In a swap for future crude oil deliveries from Venezuela, Petroleos Brasileiro SA (Petrobras) has agreed to provide 520,000 l of gasoline to Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) now to relieve the fuel shortage caused by a general strike that has virtually shut down Venezuela's national oil company.

That shipment should arrive in Venezuela "by the end of this week," Petrobras Pres. Francisco Gros told OGJ Online.

With an estimated 90% of PDVSA employees participating in the 25-day-old strike aimed at ousting Venezuelan President Hugo Chavez, exports of Venezuelan crude and petroleum products have come to a virtual halt, with 40 tankers sitting idle outside that country's ports. How Venezuelan authorities plan to offload a tanker of Brazilian gasoline under those conditions was not immediately clear.

Acting on a personal appeal from Chavez, Brazil's President Fernando Henrique Cardoso requested Monday that Petrobras provide the gasoline to Venezuela. Brazil is a net importer of crude.

Prior to the strike, Venezuela, a founding member of the Organization of Petroleum Exporting Countries, was the fifth largest exporter of crude in the world. However, its current lack of fuel as a result of the strike is severely affecting Venezuela's economy, and curtailment of crude exports is pushing up international prices.

President Cardoso noted that, although the charter of the Organization of Ameican States calls for members to cut off trade relations with countries that have nonelected governments, Chavez was legally elected to office.

Marco Aurélio Garcia, international representative of Brazil's President-elect Luiz Inácio Lula da Silva, recently returned from a 4-day visit to Venezuela where he reportedly promised Chavez that Lula would send two tankers: one loaded with gasoline and the other empty. Chavez also asked for technicians to unload crude in neighboring countries.

The Venezuelan opposition on Thursday labeled Brazil's leftist president-elect a "strike-breaker" in response to his offer to sell gasoline to Caracas, which is in the midst of a 25-day general strike that has crippled the crucial oil industry.

In a letter sent to the Brazilian Embassy in Caracas, the Democratic Coordinator opposition alliance asked Brazil not to send two tankers loaded with fuel to alleviate the fuel shortages caused by striking workers at Venezuela's state-owned oil company, PDVSA.

The strike was called in an effort to pressure President Hugo Chavez from office. Brazilian President-elect Luiz Inacio Lula da Silva has expressed a willingness to lend Caracas a hand by sending gasoline-laden tankers. He takes office Jan. 1.

As a result, Democratic Coordinator spokesman Timoteo Zambrano ironically labeled the veteran leftist politician a "strike-breaker" and the decision to sell gas "unacceptable." Lula, a former metalworker turned union boss, helped found Brazil's Workers' Party.

Reuters, 12.26.02, 10:43 AM ET RIO DE JANEIRO, Brazil, Dec 26 (Reuters) - Brazil's state oil giant Petrobras <PETR4.SA> (nyse: PBR - news - people) shipped 520,000 barrels of gasoline to strike-hit Venezuela on Wednesday, a Petrobras spokesman said on Thursday. "The Amazon Explorer ship with 520,000 barrels is due to arrive in Venezuela by this weekend," the spokesman told Reuters. Earlier, Petrobras officials declined to comment on any potential deliveries of fuel to Venezuela, which is Latin America's No. 1 oil producer.