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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PROPUESTAS PARA LA DISCUSIÓN DE LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Caracas, 30 de abril de 2003
PRESENTACIÓN El presente documento sistematiza un conjunto de propuestas para la formulación de la Ley de Educación Superior, el cual se presenta para ser discutido abiertamente por todos los sectores de la sociedad, puesto que se asume que el proceso de transformaciones iniciado con la elaboración y aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela implica la activación continua de la sociedad como poder constituyente para la elaboración y realización de la nueva legislación que oriente y norme los cambios requeridos en los distintos aspectos de la vida nacional bajo el mandato constitucional de la refundación de la República. Desde este enfoque, el Ministerio de Educación Superior, como rector del Sistema, presenta estas propuestas, de cara a la innegable necesidad de transformación de la educación superior venezolana y al proceso de cambios emprendido en el año 1999.
El texto ha sido elaborado por una comisión designada por el Ministerio de Educación Superior, conformada por profesores y estudiantes de universidades, institutos y colegios universitarios, así como por funcionarios y consultores de este Ministerio. Esta comisión tuvo a su cargo la recopilación, análisis y discusión de un significativo número de planteamientos sobre la educación superior, realizados desde distintas perspectivas y por una diversidad de actores nacionales e internacionales. Se ha conformado así un cuerpo articulado de proposiciones que responden al conjunto de retos que se plantean a la educación superior venezolana, tanto desde el escenario global como desde los requerimientos del país.
Estas propuestas tienen la intención de alimentar el debate, con especial énfasis entre los universitarios, sector social que por razones históricas cuenta con grandes recursos para el análisis y la participación. Pero ésta es también una discusión que concierne a toda la sociedad y, por tanto, el Ministerio de Educación Superior convoca a todos los sectores sociales sin hacer ningún tipo de distinción a incorporarse a este gran debate y consulta, con la seguridad de alcanzar el objetivo de dotar al país de una Ley de Educación Superior, producto del aporte de todos, de modo tal que se supere el vacío existente de una legislación acorde con las necesidades de este nivel educativo.
La invitación es a ejercer e impulsar el protagonismo que la Constitución establece como principio fundamental de la democracia, propiciando los espacios para el análisis, el intercambio de puntos de vista y la generación de proposiciones. Es el momento oportuno para que las instituciones de educación superior debatan públicamente y ejerzan el pensamiento crítico, reafirmando su papel en la sociedad, de modo que la nueva Ley sea expresión de una voluntad colectiva, en correspondencia con una visión de largo plazo de la educación superior.
El Ministerio de Educación Superior ha solicitado al Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe (IESALC- UNESCO) su participación en la organización de este proceso de consulta y en la sistematización de sus resultados, como insumos para la elaboración de la Ley.
El presente documento se inicia con la exposición del marco desde el cual se plantea la transformación de la educación superior venezolana, resaltando que se requieren abordajes complejos para una realidad compleja, donde se entrecruzan dimensiones epistemológicas, sociales, culturales, políticas, éticas, tecnológicas y organizativas.
Inmediatamente se expone el conjunto de propuestas, numeradas en forma continua para facilitar su identificación y organizadas en seis capítulos, a saber: I. La Educación Superior: Definiciones, II. El Sistema Nacional de Educación Superior, III. Las Instituciones de Educación Superior, IV. Sobre las Profesoras y los Profesores, V. Sobre las y los Estudiantes VI. Leyes Complementarias.
Finalmente se agrega un listado de referencias consultadas para la elaboración de este documento.
Consideraciones previas La educación superior: una realidad compleja que exige abordajes complejos
En la actualidad persisten las más diversas críticas que tienen como objeto la educación superior en Venezuela; críticas cuyas expresiones cuestionan no sólo la concreción de sus desarrollos de más de cuatro décadas en lo que respecta a su expansión, su diversificación y a su marcada tendencia de privatización, sino también lo concerniente a sus aristas académicas, administrativas y de inserción social. Tal persistencia tiene, sin duda, su arraigo en la prolongada crisis que afecta a la educación superior y al conjunto de sus instituciones: en sus modos de relación con los saberes y de organización de éstos, en sus procesos y prácticas de enseñanza e investigación, en sus responsabilidades -como ámbito de lo público- ante la sociedad, en sus modelos de gestión académica, en su modos de entender y practicar la autonomía, en sus modelos de gobierno, en sus sentidos ético-políticos, entre otros.
En los alcances y profundidad de tal crisis convergen, sin duda, condiciones tanto de orden mundial y nacional como propiamente institucional, que han sido motivo de diversos estudios y reflexiones en los que no sólo se busca caracterizar tales condiciones, sino también trazar propuestas, que al tiempo de reanimar el debate sobre la naturaleza de la crisis, llaman la atención sobre la necesidad de poner en escena ambiciosos procesos de reforma. Los temas son, como las discusiones mismas, diversos: la necesaria democratización de la educación superior, la búsqueda y definición de su calidad, las formas de articulación intra e interinstitucional, la participación en la construcción de un proyecto nacional, la exigencia de superación de modelos de producción de conocimientos anclados en el paradigma cientificista, la forzosa revisión de las prácticas de enseñanza, la necesidad de replantear la formación en la perspectiva de la formación integral, la indispensable redefinición de los modelos de gestión institucional, el imperativo de transformar el clima institucional para que sea favorable a las interacciones, propuestas y participación de sus actores. La cuestión álgida que de ello se desprende es la de cómo pueden responder las instituciones de educación superior a los retos que les son planteados por la indudable redefinición del mapa del mundo y de nuestro propio mapa en él, si no es asumiendo como necesidad vital reformas profundas que, de cara a dichos retos, se plantean como cambios radicales en las maneras de pensar, de decir, de hacer, de sentir.
Si nos situamos en el mapa mundial, su redefinición alcanza una serie de hechos económicos, políticos y culturales de los que no queda al margen ningún lugar del planeta. En efecto, la revolución tecnocientífica que cambia el ámbito de la producción económica, la internacionalización y concentración del capital financiero, la caída del muro de Berlín y de los denominados socialismos reales, tanto como las radicales mutaciones en los procesos de comunicación e información que han afectado y afectan los procesos y prácticas de construcción de identidades culturales, constituyen, en sus respectivas articulaciones, la trama fundamental de una nueva situación del mundo en la cual se modifican las coordenadas desde las cuales fueron pensadas las formas de vida política y cultural. Nueva situación en la que el llamado proceso de globalización ha involucrado su respectiva construcción como un ideal planetario desde un modelo de concepción del mundo con arraigo en los presupuestos del neoliberalismo, cuyo horizonte no es otro que el de la naturalización de una sociedad controlada por poderes abstractos y orientada por el pensamiento único, el cual se constituye en una especie de doctrina para explicar y dirigir las formas económicas, políticas, culturales y educativas de las sociedades, desde un pragmatismo que atiende únicamente a la obsesiva protección del status quo.
Pero más allá de esta construcción que responde a la pretensión totalitaria de homogeneización del mundo, de sometimiento de las sociedades al modelo estándar del mundo postindustrial, han venido forjándose análisis y reflexiones que muestran la emergencia de nuevos conflictos. Unos, como efectos de los procesos de globalización, otros como expresiones de las resistencias a la pretensión de homogeneizar las prácticas económicas, políticas y culturales. También en el terreno intelectual, se cuestiona el pensamiento único como una clausura de la actitud atenta a la complejidad de la nueva situación del mundo. Se trata de volver a pensar un ethos capaz de definir un horizonte humano en el que nadie quede excluido. Se trata, también hoy, de volver a construir una distancia crítica que nos permita pensar nuestra época y, quizá, sea el primer paso definir esas primeras cartografías que definan la complejidad, las tensiones, los riesgos, en definitiva, la posible historia pendiente. Esto obliga a repensar las tradiciones en las que nos hemos formado, desde las que pensamos y se han organizado los proyectos que hoy hegemonizan el mundo.
Sin duda, asuntos como los reseñados conciernen a las respuestas que debe ofrecer la educación superior frente a lo que suele plantearse como sus retos ineludibles. Así como debe concernirles la compleja situación nacional, en la que están en juego fuertes transformaciones de orden socio-político.
Esas transformaciones tienen facetas distintas, unas que pueden ser leídas como señales de emergencia, no sin conflictos, de una nueva lógica política y de una nueva cultura política democrática; otras como peligrosas señales de violencia socio-política que alcanza la vida cotidiana. En ambos casos, la redefinición del papel de la educación superior, en sus dimensiones ético-políticas, resulta vital, pues allí se juega en gran parte su corresponsabilidad en la consolidación de la democracia, basada en la justicia social y en el ejercicio de la participación ciudadana, haciéndose partícipes de las luchas contra las diversas formas de exclusión social, indudable fuente de la violencia en todas sus formas.
Respecto del problema de la exclusión, se aprecia un contexto que ha ido agravándose en todos los campos de la vida social, económica y cultural-educativa a lo ancho de todo el planeta. Esta situación hace evidente los efectos de la imposición de un modelo de desarrollo económico (en algunos países también político y cultural) que genera una marginación creciente de enormes contingentes de la población, no sin que tal modelo esté acompañado de ideas justificadoras de tal situación, haciéndola aparecer como normal bajo el argumento de que las diferencias abismales entre los grupos sociales se resuelven a través de los mecanismos del libre mercado, como si a su lógica no estuviera asociada la producción de tales diferencias. Una lógica que también ha afectado a sectores medios urbanos, a medianos y pequeños industriales y comerciantes; sectores que se han visto profundamente afectados como resultado de prácticas tales como la concentración económica y financiera, la especulación y la restricción del gasto público.
Es oportuno enfatizar aquí, que el tipo de transformaciones económicas propugnadas bajo el modelo neoliberal como tendencia mundial, han generado y continúan generando en la región situaciones sociales y políticas crecientemente conflictivas, tanto como evidentes efectos de agrandamiento en la brecha de ingresos y en el aumento de la pobreza.
Así mismo, que frente a ello, compete a la educación superior indagar y enfrentar la lógica y efectos de este tipo de transformaciones en el marco de la globalización económica; así como hacerse partícipes de respuestas innovadoras que, en tanto expresiones de resistencia a tal modelo, coadyuven en las luchas por la realización efectiva de los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la participación en la toma de decisiones sobre asuntos públicos, al reconocimiento de la diferencia en la vida cultural y política, como dimensiones del derecho a una vida digna. Lo que significa que las instituciones de educación superior, republificándose a sí mismas, contribuyan a republificar el Estado.
De igual manera, es importante destacar el papel de la educación superior en los procesos de integración económica de América Latina, comenzando por el debate sobre el carácter de esta integración.
Por una parte, porque la versión dominante de la misma pone de manifiesto la política de expansión transnacional del capital y su exigencia de un ordenamiento totalmente funcional a dicha política, no sólo en lo atinente a las condiciones político-estatales sino también a las culturales y educativas. A ello responde la importancia atribuida tanto a la educación como a los medios de comunicación como espacios en y desde los cuales construir formas homogeneizadas de pensar, de conocer y de hacer, y sus pretensiones de anulación de movimientos sociales de carácter reivindicativo y político.
Por otra, porque debería constituir parte esencial de la vida de las instituciones, plantear y dar respuestas a cuestiones tales como los mecanismos que se utilizan para favorecer programas neoliberales en los procesos de integración, el papel que juegan al respecto la educación y los medios de comunicación, la construcción de rutas distintas a la impuesta por las políticas neoliberales para la integración latinoamericana, el papel de las instituciones de educación superior en dicha construcción y el tipo de formación que necesitamos para ello.
Estas cuestiones, entre otras, abren un amplio abanico de posibilidades de acción asociadas a los procesos y prácticas de investigación y enseñanza con indudable incidencia hacia las instituciones mismas y hacia el terreno educativo y cultural en general.
Ello implica la ruptura con el discurso y las prácticas que hacen de las exigencias económicas y de la formación de “recursos humanos” el foco central de atención. Sobremanera, porque allí se pone en juego la racionalidad instrumental que estructura la concepción, el diseño y el desarrollo de la educación superior como empresa que produce recursos humanos a ser “entrenados” como tales durante toda su vida productiva, para adecuarse a las exigencias cambiantes del mercado.
Tal concepción evidentemente fragmentadora y simplificadora de la formación, sustenta buena parte de las propuestas en las cuales el desarrollo de competencias queda restringido a la preparación de operadores simbólicos capaces de procesar información, de resolver problemas y responder a nuevas situaciones de la economía marcadas por las dinámicas macroeconómicas del capital transnacional, sin que ello implique la contextualización y valoración social, cultural y ética de los problemas a resolver y de las maneras de responder a tales situaciones.
Es por ello, que resulta vital preguntarse acerca de las prácticas que contrarresten esta concepción y sus efectos en las instituciones educativas, de los desafíos que ello plantea en el ámbito de la formación, en el campo de la producción intelectual y académica, y de las acciones a promover en el sentido de experiencias formativas asociadas a la formación integral. Especialmente si asumimos que ésta tiene como dimensión fundamental la educación ético-política anudada a la re-creación permanente de la vida democrática que, indudablemente, constituye el mayor de los retos planteados a la educación en nuestros días, pues se trata de reinventar maneras de mirar el mundo y a nosotros mismos en él, de reinventar las relaciones con los otros y con nosotros mismos. Las respuestas a este reto se vuelven urgentes cuando constatamos las condiciones sociales e institucionales en que se plantea.
En efecto, la vida académica está severamente afectada por las condiciones económicas y socio-políticas que impactan profundamente tanto las prácticas de investigación como las de enseñanza-aprendizaje.
Pero también lo está por las inercias institucionales tanto académicas como administrativas que predominan en muchas de las instituciones de educación superior, con efectos de desarraigo e irresponsabilidad devenidos en patrones de comportamiento de una parte significativa de sus integrantes. Igualmente, por múltiples mecanismos que, legitimados en la fórmula de la productividad y la calidad, aúpan una producción intelectual de escasa relevancia e incluso convertida en mero requisito para lograr reconocimientos formales, o por limitaciones intelectuales provenientes de reglas metodológicas convertidas en rutinas propias del conocimiento disciplinario, especializado y fragmentario.
En ambos casos, se está limitando la capacidad de pensar y construir comunidades de pensamiento, de producir un conocimiento distinto que contribuya a esclarecer los tiempos que vivimos, así como los urgentes problemas que enfrentamos como país y como región, y a ofrecer posibilidades que se abren en la construcción de alternativas de acción.
Desde luego que lo dicho no significa negar la existencia de experiencias docentes y de investigación que constituyen intentos de búsqueda y construcción de opciones con sentidos diferentes a los indicados. Aunque poco conocidas y realizadas como esfuerzos aislados, estas experiencias van gestando espacios novedosos para la reconfiguración de una nueva relación con el saber, abierta tanto a los cambios paradigmáticos y a las nuevas herramientas para la comprensión del mundo y de nosotros mismos, como a los nuevos compromisos con la sociedad de la cual formamos parte.
No obstante, estos esfuerzos son poco reconocidos y apoyados, tal vez porque se sitúan al margen de las lógicas prevalecientes y de los circuitos que en ellas tienen mayor peso y legitimidad. Pese a ello, es indudable la importancia de propiciar la articulación de estos esfuerzos, de consolidarlos, ampliarlos y situarlos en formas culturales e intelectuales de integración nacional e internacional.
Llegados a este punto, podemos advertir que las reformas sustanciales en la educación superior han de ponerse en escena en un contexto del que forman parte serias limitaciones pero que, a la vez, plantea impostergables respuestas a desafíos de diverso orden.
Es en este contexto donde resulta fundamental trazar los sentidos de las reformas que atañen a los campos de saber, a los procesos de producción intelectual y de organización de saberes y, en consecuencia, al tipo de relación con el saber; tanto como al carácter de la formación, a los modelos de gobierno y de gestión, a la democratización de las instituciones tanto desde el punto de vista de la equidad social como desde el ángulo de sus modelos de gobierno y de gestión, a las articulaciones intra e interinstitucionales, a sus responsabilidades frente a la sociedad, especialmente, frente a las persistentes raíces y formas de exclusión social, y a las fuentes y expresiones de violencia política que atentan contra la creación permanente de formas de vida democrática.
Estas consideraciones, sin duda, exigen la construcción de una agenda en común que permita establecer un diálogo permanente entre el Estado y las instituciones, cuya misión involucra hacerse cargo de desafíos como los aquí enunciados.
Los temas de esta agenda, como propuesta para un nuevo marco legal para la educación superior apuntan a:
• La impostergable articulación de las instituciones, de cara a la real construcción de la educación superior como un sistema flexible y abierto. • Un concepto multidimensional, luego radicalmente distinto, de la calidad, respecto del usualmente identificado con la gestión empresarial basada en la relación costo-beneficio. • La institucionalidad del conocimiento abierta a los requerimientos que plantea la construcción de una sociedad justa, democrática y participativa. Lo cual implica una visión de la vida académica sustentada en los radicales cambios epistemológicos que han tenido lugar y su impacto en las formas de producción, organización, transmisión y difusión de conocimientos. • Un enfoque de la equidad en el acceso y en el desempeño estudiantil estrechamente asociado a la lucha contra la exclusión social y a la puesta en juego de la real democratización de la educación superior, cuestión crucial para la definición de rutas de la reforma de la educación superior, pues sigue siendo en nuestro país como en el resto de América Latina un “desafío pendiente”. • Un replanteamiento significativo de la pertinencia social de la educación superior, sus instituciones y programas, que rompa con la consabida y practicada fórmula de adecuación a las demandas del mercado de trabajo profesional y técnico. • La imprescindible revitalización de la tarea formadora de las instituciones como parte fundamental de sus responsabilidades sociales, con especial énfasis en la formación de ciudadanía y de valores asociados a la cultura democrática, y sus consecuencias prácticas sobre una nueva pedagogía universitaria. Énfasis con indudables implicaciones en la vida de las instituciones y en la vida social en general. • La consideración de la educación superior como plataforma privilegiada para la educación a lo largo de toda la vida, así como las ampliaciones y redefiniciones en las formas de entender la función docente que esta concepción supone. • La atención al sector estudiantil, históricamente ignorado en políticas y planes de reforma educativa. • La inserción de las instituciones en los procesos económicos, culturales, políticos, ambientales y educativos, implicados en el desarrollo integral en sus planos local, regional y nacional. Cuestión que desplaza el enfoque tradicional de la extensión universitaria, planteando la necesidad de establecer vinculaciones sociales orientadas al fomento de sinergias con los sectores privados y públicos y con las comunidades, para dar respuesta a los problemas económicos, sociales, culturales y educativos, de carácter nacional, regional y local, y promover cambios orientados a mejorar las condiciones de vida de la población. • El compromiso con una gestión institucional sustentada en la autonomía responsable, que implica, junto al ejercicio plural del pensamiento, la puesta en práctica de procesos transparentes en la toma de decisiones y el hacer público ante el Estado, ante la sociedad y ante sus comunidades. • La importancia de la cooperación nacional e internacional entre instituciones de educación superior, bajo un nuevo enfoque, para resituarse en el marco de la globalización y de los desafíos que estas plantean a nuestro país en el contexto regional latinoamericano y caribeño.
Estos aspectos convergen en uno de los desafíos planteados, como es el de reorientar el patrón de desarrollo de la educación superior con una visión cultural y políticamente democrática del desarrollo nacional. Pues se destaca la importancia de sustentar los cambios de la educación superior en la asunción de los siguientes marcos de referencia: la integración de los aportes científicos y tecnológicos al desarrollo económico con objetivos sociales, el reconocimiento de la diversidad cultural y de la riqueza que ésta aporta en la consolidación de la vida democrática, el entendimiento de la formación como conjunto de procesos, prácticas y experiencias que propicien cambios en las maneras de pensar, conocer, decir y actuar, en los modos de abordar problemas socio-culturales y políticos, y de plantear cursos de acción para afrontarlos, en las formas de participación asociadas a la creación permanente de una democracia participativa, en el procesamiento del impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos de la vida social.
Estos marcos referenciales, plantean a las instituciones la puesta en juego de su capacidad para reinventarse a sí mismas, pues ella significa contravenir la fuerza de lo dado, no sólo en lo que atañe a patrones de funcionamiento de la organización y la gestión académicas con predominio de comportamientos inerciales y de acciones de corto plazo, sino también en lo concerniente a los corporativismos y privilegios, a las formas poco democráticas para la toma de decisiones, a las diversas maneras de practicar la endogamia institucional, a climas institucionales desfavorables a la puesta en común de acciones con impacto en el desarrollo nacional, entre otros. Si pudiéramos resumir los sentidos fundamentales de tal reorientación, diríamos que se trata, precisamente, de la reinvención de las instituciones de educación superior como espacios de reflexión y como ámbitos de lo público, para hacer efectivos sus compromisos con la construcción de una sociedad más justa, libre y democrática. Y conquistar, así, su liderazgo como espacios clave en los cambios asociados a la revitalización del aparato productivo con claros propósitos sociales y culturales, y especial énfasis en la reducción de la pobreza y la lucha contra toda forma de exclusión, tanto como en la profundización de la democracia participativa como forma de vida política.