DEFENDER LA DEMOCRACIA ES DEFENDER LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS HUMANOS
Respuesta de los académicos venezolanos a sus colegas españoles
El pasado 23 de diciembre, firmado por 64 catedráticos, profesores e investigadores de diversas universidades españolas, apareció en el diario El País, edición Madrid, un remitido en defensa del régimen del presidente venezolano Hugo Chávez. El principal argumento de ese alegato “a favor de la legalidad democrática” era la legitimidad de quien fuera elegido en 1998 y ratificado en 2000.
Apreciamos sinceramente, destacados colegas, su preocupación por la grave crisis de nuestro país, así como su notable generosidad al costear tal publicación a página completa. Comprendemos también que la distancia de los acontecimientos, el manejo torpe de algunos estereotipos por ciertos medios internacionales, así como la costosa campaña de desinformación adelantada por nuestro gobierno, hayan llegado a confundirlos hasta el punto de moverlos a apoyar lo que suponen un gobierno genuinamente democrático que actúa honestamente en pro de los intereses del pueblo venezolano. Nosotros, académicos de diversas universidades e institutos de educación superior venezolanos, quienes conocemos y sufrimos en carne propia esta aciaga coyuntura, nos sentimos obligados a responderles, manifestando y razonando nuestra posición ante la opinión pública internacional.
Chávez, es cierto, llegó al poder en 1998 a través de los votos, aunque con un alto índice de abstención, que creció aún más al ser ratificado en 2000. Ahora bien, a pesar del valor que tiene la “legitimidad de origen” en el contexto nacional e internacional, ésta no garantiza por sí sola la “legitimidad por el ejercicio”. Puede naturalmente ser disminuida y hasta completamente anulada por el abuso del poder y la violación de los Derechos Humanos. Hitler y Fujimori también fueron gobernantes electos por los votos que atentaron con las armas del sistema, desde el sistema, contra el sistema. Hace cuatro años, los venezolanos votamos para escoger un presidente democrático, no al autócrata que en más de cien ocasiones, documentadas y denunciadas por juristas, ha violado la Constitución que dice defender; que se empeña en imponer una supuesta “revolución” sólo existente en el voluntarismo personalista y en la retórica oficial; que ha fracasado estruendosamente como gobernante al conducir al país a una situación de total ingobernabilidad y no obstante afirma con descaro que gobernará hasta el 2021. Veamos:
Desde el inicio de su mandato, el régimen de Chávez ha promovido una política de abatimiento de las instituciones. Han sido manifiestos sus ataques contra las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y patronales, la Iglesia, las universidades, las policías locales, la marina mercante, etc. Si bien los chavistas ganaron la mayoría parlamentaria y muchos gobiernos locales, han violado la ley de manera ostensible y recurrente, con el fin de imponer también su hegemonía sobre el Poder Judicial, el Poder Ciudadano (Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Contraloría) y el Poder Electoral. Este secuestro de los poderes públicos es hoy evidente y se ha traducido en la designación de funcionarios públicos, muchos de ellos militares del golpe de estado de 1992, seleccionados por su incondicional lealtad al presidente, antes que por su eficacia, eficiencia y mérito en el desempeño de la función. Ésa es la razón de base del conflicto con la empresa petrolera estatal (PDVSA), hoy día parte importante del paro cívico nacional.
Su abuso de poder se ha extendido también a la radiotelevisión pública venezolana, al convertirla en mero instrumento publicitario suyo y de su proyecto. A través de ella y de frecuentes cadenas forzosas con los demás medios, Chávez habla al país durante horas cada semana en un estilo a la vez paternalista, pintoresco y agresivo, cargado de insultos, admoniciones y bravuconerías. Son esos abusos mediáticos los que han obligado a los medios privados a asumir una posición política que algunos consideran exagerada y otros imprescindible. Los escasos líderes de opinión europeos que, con una noción romántica de la revolución latinoamericana, han abrazado desde una cómoda lejanía la causa chavista, siempre olvidan mencionar este detalle.
Por su índole totalitaria, el chavismo no tolera la disidencia. Considera enemigos a sus adversarios políticos y los enfrenta con la violencia. Muchos de los mal llamados “Círculos Bolivarianos”, que la población llama “círculos del terror”, son brigadas mercenarias entrenadas y armadas por el régimen, conducidas por algunos de sus más conspicuos dirigentes. Entre sus hazañas, se cuenta el haber provocado el asesinato a mansalva de 19 manifestantes civiles desarmados el 11 de abril, plasmado en el video del periodista Luis Fernández, Premio Rey de España de Periodismo 2002. Los autores de este crimen fueron llamados por el oficialismo “héroes de la revolución”. El 6 de diciembre, la masacre de Altamira sumó tres muertos (entre ellos un apreciado docente universitario) y decenas de heridos más. Apresado in fraganti y confeso, uno de los asesinos fue defendido por el Presidente mientras las víctimas eran sepultadas. El día 3 de enero, añadimos con dolor dos muertos y una docena de heridos a este récord sangriento.
Los círculos violentos han acosado siempre a los medios de comunicación, tomando por asalto algunos de ellos, como ocurrió el 10 de diciembre. En más de 200 oportunidades, los periodistas y camarógrafos han sido agredidos con golpes, piedras y perdigones y algunos han salvado su vida gracias al chaleco blindado que ya forma parte de su equipo. El fotógrafo Jorge Tortoza, asesinado el 11 de abril, no corrió con esa suerte. Añádanse a esto los allanamientos y detenciones ilegales, el secuestro y tortura de la activista Estrella Castellanos y de los marinos mercantes, las amenazas a líderes de la oposición, etc. Por supuesto, el régimen ha obstaculizado sistemáticamente las investigaciones judiciales sobre estos crímenes y ha boicoteado la conformación de una Comisión de la Verdad integrada por personalidades independientes y sujeta a veeduría internacional.
A pesar de su inmensa popularidad inicial y de haber recibido los mayores ingresos fiscales de la historia del país (49 millardos de dólares, sólo de la industria petrolera), Chávez ha fracasado en lo político, lo económico y lo social. Prometió eliminar la pobreza y no puede exhibir ni un solo logro a favor de los pobres; más bien, eliminó los programas sociales, sustituyéndolos por dádivas ocasionales a cambio de lealtad política. La clase media ha sido golpeada por el creciente desempleo, el aumento de los impuestos y la devaluación de la moneda. Asimismo, la educación, la salud, la seguridad social, la alimentación y el transporte han empeorado sustancialmente. Prometió también la descentralización y a cambio ha instituido un perverso sistema de lealtades, según el cual sólo los alcaldes y gobernadores sumisos, reciben recursos para sus regiones. Otra bandera electoral de Chávez fue el combate contra la corrupción, pero hace tiempo no la menciona, pues su gobierno ha batido todas las marcas anteriores con impudicia y descaro inimaginables: desvía el dinero del Estado a raudales hacia las cuentas de sus jerarcas y lo utiliza para comprar armas y conciencias. Tal vez el peor de los pecados de este nefasto gobernante ha sido su pedagogía del odio, el resentimiento y la confrontación social. También allí ha fracasado, pues la gran mayoría de los venezolanos, y hasta sus propios simpatizantes, apostamos hoy por la reconciliación, la cooperación y la paz.
Tomará tiempo recuperar al país de esta hecatombe, pero vamos a lograrlo. Y el primer paso es precisamente recuperar la institucionalidad. Por eso, casi dos millones de venezolanos cumplieron trabajosamente con todos los requisitos constitucionales para solicitar un referéndum consultivo sobre la permanencia de Chávez en el poder. Estamos dispuestos a transitar igualmente cualquiera de las vías democráticas establecidas en el artículo 70 de la Constitución, entre otros. Las multitudinarias manifestaciones de calle y los pronunciamientos de todos los sectores de la vida nacional, incluidos los académicos e intelectuales, constituyen un referéndum diario contra los continuos desafueros del régimen. Los militares que se han declarado en desobediencia legítima, lo han hecho sin armas, acompañando a los civiles en sus protestas y amparados por el artículo 350 de la Constitución que consagra la desobediencia civil. Esto en nada se parece a los golpes de estado de militares armados, como el que sí dio Hugo Chávez en febrero de 1992 contra un gobierno electo democráticamente. Por eso, quienes hoy abogamos por una solución electoral para la crisis política no somos “grupos de intereses” ni organizaciones políticas desplazadas del poder, como afirma el remitido. Mucho menos “golpistas”, “saboteadores” o “fascistas”, como gustan calificarnos tanto Chávez como sus acólitos. ¿No es absurdo que se llame golpistas a quienes exigimos elecciones y demócratas a quienes tratan por todos los medios de impedirlas?
Por todo ello, estimados colegas, rechazamos el documento por ustedes suscrito y también los invitamos a reflexionar con amplitud de conciencia. No se dejen engañar. Chávez no es más que un autócrata disfrazado con la piel de oveja de la constitucionalidad. Su retórica revolucionaria, con fingidos reclamos de justicia social, encubre en realidad una dictadura torpe y ávida de poder. Como muestran cada día abundantes testimonios gráficos, su adversario es una ciudadanía noble, de todas las clases sociales, cada vez más consciente, combativa y solidaria, a la que estamos orgullosos de pertenecer.
Caracas, 13 de enero de 2003.
Publicado en el diario El País de Madrid, el día jueves 23 de enero 2003
La publicación de este remitido ha sido financiada mediante el aporte individual de los firmantes