República Bolivariana de Venezuela

Jefe del Estado y del gobierno: Hugo Chávez Frías

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Al menos 50 personas perdieron la vida y muchas más resultaron heridas en el contexto de un intento de golpe de Estado organizado en abril para derrocar al presidente Chávez. La polarización política, la violencia y los reiterados rumores de golpe militar aumentaron la inestabilidad y amenazaron con ocasionar más abusos graves contra los derechos humanos. Se recibieron informes generalizados sobre homicidios cometidos por la policía en varios estados. Hubo varios casos de amenazas y agresiones contra periodistas y simpatizantes de la oposición. Al menos tres dirigentes campesinos fueron asesinados. El sistema de justicia penal no dio una respuesta adecuada a estos crímenes, debilitando así el Estado de derecho. Se celebraron numerosas manifestaciones multitudinarias tanto a favor como en contra del gobierno. En varias ocasiones las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar a los manifestantes. Se recibieron varios informes sobre tortura y malos tratos a presuntos delincuentes. Hubo preocupación por la difícil situación de los refugiados que huían de la escalada del conflicto en Colombia.

Información general

Las tensiones económicas, sociales y políticas desencadenaron una huelga nacional indefinida, declarada el 9 de abril por los seguidores del movimiento de oposición, que exigía la renuncia inmediata del presidente Chávez. El 11 de abril, una multitud de opositores al gobierno que se manifestaba en dirección al palacio presidencial se encontró con manifestantes partidarios de Chávez en el centro de Caracas, y estalló un enfrentamiento entre los manifestantes, la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional en el que se produjeron intensos tiroteos. Murieron 20 personas por heridas de bala y más de 60 resultaron heridas. La crisis resultante llevó a la remoción del cargo del presidente Chávez y su detención por parte del ejército. Se estableció un úgobierno cívico-militar de facto dirigiúdo por el líder de la oposición Pedro Carmona, presidente de la Federación de Cáúmaras y Asociaciones de Coúmercio y Producción de Veúnezuela (Fedecámaras). El gobierno de facto dictó decretos draconianos y ordenó el cierre de la Asamblea Nacional y la destitución sumaria de los miembros de la Corte Suprema, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. La policía efectuó registros en los domicilios de varios simpatizantes del presidente Chávez. Entre las víctimas de detención arbitraria había un ministro y un diputado de la Asamblea Nacional.

La destitución inconstitucional y sumaria del presidente Chávez, la detención ilegal de sus seguidores y los poderes arbitrarios asumidos por el gobierno de facto fueron objeto de una condena general. El 14 de abril dimitió el nuevo gobierno y el presidente Chávez volvió a asumir la presidencia. Como consecuencia de los disturbios civiles registrados durante esos cuatro días, al menos 50 personas murieron y muchas más resultaron heridas. El gobierno y la oposición se acusaron mutuamente de instigar la violencia para obtener provecho político.

Tras el golpe de Estado se hicieron esfuerzos, auspiciados desde dentro y fuera del país, para negociar una solución pacífica a la crisis política; uno de esos esfuerzos fue la mediación del secretario general de la Organización de los Estados Americanos. En diciembre, la oposición convocó una segunda huelga general indefinida que se prolongó hasta el 2003. La tensión social y la violencia política aumentaron considerablemente en el contexto de la huelga, lo que tuvo graves repercusiones sobre la economía del país.

Clima de violencia e impunidad

La alianza de oposición al gobierno, creada en torno a Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela —el sindicato más importante del país— y grandes empresas privadas de comunicación siguió presionando para conseguir la dimisión del presidente Chávez. El gobierno acusaba a los medios de comunicación de informar sobre los acontecimientos de manera sesgada y poco ética, mientras que al presidente Chávez se lo acusaba de seguir instigando los ataques contra periodistas con declaraciones públicas incendiarias. Hubo varios casos de agresiones y amenazas contra periodistas y empresas de comunicación a lo largo del año. La ausencia de investigaciones eficaces sobre la violencia contribuyó a generar un clima de impunidad.

Hubo informes según los cuales algunos miembros de los Círculos Bolivarianos, grupos populares creados para apoyar el proyecto político de Chávez, iban armados y habían intimidado y agredido a personas a las que relacionaban con la oposición, incluidos periodistas. Las autoridades negaron haber armado a estos grupos o financiado acciones ilegales contra la oposición. En muchos de los casos denunciados las investigaciones oficiales no esclarecieron los hechos. En septiembre se aprobó una ley para desarmar a la población civil, pero al acabar el año seguía prácticamente sin aplicarse.

Las fuerzas armadas

La participación de las fuerzas armadas en la crisis política siguió causando inestabilidad y suscitando preocupación. Mientras las autoridades intentaban procesar a los oficiales presuntamente implicados en el golpe de Estado, hubo sectores de la oposición que presionaron a las fuerzas armadas para que se negaran a reconocer la autoridad del presidente. En agosto, sometida a la intensa presión tanto del gobierno como de la oposición, la Corte Suprema resolvió que no había motivos suficientes para procesar a ningún oficial de alta graduación por «rebelión militar» en relación con el golpe de Estado de abril. Esta polémica decisión provocó las protestas de los seguidores del presidente Chávez. En septiembre, el gobierno creó zonas de seguridad militarizadas en la capital con el objeto de proteger instalaciones estratégicas frente a las manifestaciones de la oposición. En octubre, varios oficiales de las fuerzas armadas ocuparon la Plaza Altamira exigiendo la dimisión del presidente Chávez y negándose a reconocer su autoridad. En noviembre el gobierno ordenó al ejército que asumiera el mando de la Policía Metropolitana, medida que en diciembre la Corte Suprema de Justicia resolvió que era inconstitucional.

Investigaciones sobre los sucesos de abril

Las investigaciones sobre los sucesos de abril se enfrentaron con graves dificultades por varios motivos: no se protegieron los lugares de los hechos delictivos ni se registraron y examinaron debidamente los muertos y heridos; se puso de manifiesto una falta de recursos y de coordinación entre los distintos organismos; ni la Policía Metropolitana ni la Guardia Nacional colaboraron plenamente con los investigadores; y se percibió que los organismos encargados de la investigación no actuaban con imparcialidad. A pesar de todo, la ingente cantidad de pruebas fotográficas, testimonios y reconstrucciones de los hechos permitió a los investigadores señalar a varios de los responsables. Al final del año, al menos cinco seguidores del presidente Chávez estaban recluidos en espera de juicio y se habían dictado órdenes de detención contra otros cuatro. También existían cargos contra ocho agentes de la Policía Metropolitana, aunque éstos continuaban en libertad. Persistían las dudas sobre el posible papel desempeñado por francotiradores no identificados que habían disparado desde los pisos superiores de un edificio céntrico, sobre las violaciones de derechos humanos cometidas entre los días 12 y 14 de abril, y sobre la responsabilidad de la cadena de mando.

En vista del precedente de impunidad por delitos semejantes cometidos en el pasado y las serias dudas respecto a la credibilidad e imparcialidad del poder judicial, la Fiscalía General de la República, las fuerzas de la policía y el Defensor del Pueblo, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos propusieron el establecimiento de una Comisión de la Verdad que llevara a cabo una investigación imparcial no judicial sobre las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la Asamblea Nacional no brindó el apoyo necesario para que prosperara la propuesta.

Ejecuciones extrajudiciales

Hubo informes constantes sobre decenas de ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes por parte de la policía —o grupos vinculados a la policía— en varios estados: Portuguesa, Falcón, Aragua, Anzoátegui y Bolívar. A menudo se amenazó o atacó a los propios testigos o familiares que habían denunciado estos delitos. A peúsar de la existencia de pruebas inequívocas en muchos casos, las fuerzas policiales presentaban sistemáticamente estos homicidios como actos en defensa propia o casos de sospechosos que se resistían a la detención. No se procesó a ningún agente.

 En mayo, un periodista grabó la detención de Luis Gregorio Ojeda por la policía en una universidad de Barcelona, estado de Anzoátegui. Dos horas después, el cadáver de Luis Ojeda fue hallado en un hospital con dos heridas de bala. A pesar de las pruebas que indicaban que cuando lo pusieron bajo custodia estaba vivo, la policía alegó que había resultado herido de muerte al resistirse a su detención en la universidad. Desde el año 2000 se han denunciado más de 150 casos parecidos sólo en Anzoátegui. Nadie ha comparecido ante los tribunales.

Al menos tres activistas indígenas fueron asesinados como medida de represalia por sus intentos de asegurar los derechos de sus comunidades sobre las tierras que trabajaban.

El 19 de septiembre, Armando Douglas García y Carlos Ramón Parra murieron en la comunidad de Encontrados, municipio de Catatumbo, estado de Zulia, a manos de individuos armados que, según informes, estaban a sueldo de un terrateniente local. La investigación oficial llevó a la detención de los presuntos autores de los homicidios; al final del año permanecían encarcelados en espera de juicio. Los responsables de ordenar los disparos y contratar a estos individuos no habían sido detenidos ni acusados al acabar el año.

Tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza

Hubo informes persistentes sobre tortura en distintas partes del país, y sobre condiciones de reclusión que constituían trato cruel, inhumano o degradante. Las fuerzas de policía locales y nacionales empleaban con frecuencia una fuerza excesiva para dispersar manifestaciones o detener a presuntos delincuentes. No se tuvo conocimiento de ninguna investigación sobre estos abusos que diera lugar a la adopción de medidas disciplinarias o al procesamiento de los responsables. Se estudió la legislación necesaria para reformar la estructura de las fuerzas policiales, pero esta cuestión continuaba pendiente al terminar el año.

En noviembre, el Comité contra la Tortura de la onu examinó el informe periódico de Venezuela. El Comité concluyó que se habían registrado importantes mejoras en la estructura legal para prevenir la tortura, pero expresó su preocupación porque muchas de esas disposiciones seguían sin aplicarse debidamente. En particular, el Comité hacía hincapié en la necesidad imperiosa de una legislación que tipificara expresamente los actos de tortura como delito.

 El 15 de junio, Miguel Cerdá fue interceptado por la policía municipal de Chacao, Caracas. Según informes, lo golpearon y, cuando protestó, un agente de policía le roció la cara con gas lacrimógeno. Luego otros agentes lo golpearon repetidamente en el estómago y las costillas antes de llevarlo a la comisaría de policía. No se tuvo conocimiento de que se hubiera emprendido investigación alguna sobre los hechos.

Refugiados

La escalada del conflicto en Colombia dio lugar a una nueva afluencia de civiles que huían a Venezuela cruzando la frontera. Se recibieron informes sobre paramilitares y grupos armados de oposición colombianos que actuaban dentro de la frontera venezolana, elevando el grado de tensión en la zona. No se aplicó la legislación aprobada en 2001 para aumentar la protección de los refugiados y los solicitantes de asilo en Venezuela.

Defensores de los derechos humanos

Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos continuaron desempeñando una función primordial en la labor de denuncia de las violaciones de derechos humanos cometidas en todo el país. No obstante, hubo ocasiones en que las críticas de las autoridades o de la oposición dieron lugar a agresiones verbales a la integridad de los defensores de los derechos humanos, así como a actos de intimidación y amenazas.

El sistema interamericano de derechos humanos

Tras una visita de sus representantes a Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insistió en la urgencia de reforzar las medidas e instituciones destinadas a la protección de los derechos humanos. La Comisión dictó medidas cautelares en favor de varios periodistas y de una organización de derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado venezolano que indemnizara a 44 de las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos durante los disturbios civiles generalizados de 1989 —el llamado «Caracazo»—, en los que murieron varios cientos de personas. La Corte reafirmó también una sentencia en la que señalaba que los responsables debían comparecer ante la justicia y que debían revisarse los procedimientos de las fuerzas de seguridad para ajustarlos a las normas internacionales.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Delegados de Amnistía Internacional visitaron Venezuela en abril y noviembre y se reunieron con diversas autoridades, entre ellas el presidente Chávez. Tras la visita de abril, Amnistía Internacional envió al gobierno un memorándum con los motivos de preocupación de la organización sobre el país. Al concluir el año no se había recibido contestación.

23 May – <a href=www.un.org>The United Nations refugee agency expressed grave concern today over the impact of Colombia’s civil conflict on the country’s indigenous peoples, including forced displacement and reports of rape, and called upon all armed groups to respect the rights of the civilian population and guarantee the safety of humanitarian workers.

“The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) is extremely concerned” about the situation, the agency’s spokesman, Kris Janowski, told reporters in Geneva.

Last week, hundreds of Guahibo-Sikuani indigenous people were forced to flee their homes as a result of heavy fighting between left-wing guerrillas and right-wing paramilitaries in the municipality of Tame, in the northeastern province (department) of Arauca, close to the Colombian border with Venezuela.

According to reports by municipal authorities, members of irregular armed groups have raped several indigenous women and girls, Mr. Janowski said.

Another group at risk of displacement are the Kuna, also known as Tule, in northwest Colombia, close to the border with Panama, he added. This community of some 400 members is considering leaving its ancestral lands and crossing the border into Panama to escape threats and intimidation by Colombian irregular armed groups.

UNHCR has been coordinating with the government’s Ombudsman's Office, the Office of the UN High Commissioner for Human Rights in Colombia and non-governmental organizations in order to monitor the situation in Tame. UNHCR is also liasing with the government agency dealing with internal displacement so that emergency assistance can be brought to the affected communities.

<a href=www.vheadline.com>venezuela's Electronic News Posted: Thursday, May 22, 2003 By: Patrick J. O'Donoghue

Washington based Human Rights Watch (HRW) says Venezuela's newly approved media content law hinders minimum rights to freedom of expression... 

Concluding a three-day visit to Venezuela, HRW general secretary, Jose Miguel Vivancos points out that the media guarantee democracy, whereas in his view Venezuela's media content law promotes a climate of self-censure. 

The right to truthful and objective information, Vivancos proclaims,  does not exist in international law. 

"We know it exists in the Venezuelan 1999 Constitution, which attempts to gather the principles of international law, but objective information is built on a partial, limited and generic base that the media provides ... people can form an opinion in the measure that alternative sources exist ... people have the right to choose as regards information ... it doesn't take place in Cuba where there is no option."

• Vivancos accepts that the fact that media involvement is the best proof of full exercise of freedom of expression in Venezuela.

"That's democracy ... if the situation changes, we will be forced to highlight it ... freedom of expression is under serious threat in Venezuela because of a legal process against four TV channels, which hangs on a decision from Infrastructure Minister Diosdado Cabello and, of course, government legislation currently under debate in the National Assembly."

Human Rights Watch, (Caracas, May 21, 2003) — The Venezuelan government is not doing enough to protect journalists from violence, Human Rights Watch said in a new report released today. Human Rights Watch also urged the government to protect freedom of expression by ending its ongoing investigation of the country’s private television networks, and dramatically revising its proposed law to regulate the contents of radio and television broadcasts.

Related Material

Venezuela: Caught In The Crossfire Freedom of Expression in Venezuela, Report, May 2003

Venezuela: Media Freedom Threatened HRW Press Release, February 19, 2003

The draft law is a recipe for state control of the broadcast media. Its onerous, vaguely-worded restrictions and heavy penalties threaten Venezuela’s broadcast media.

José Miguel Vivanco, Executive Director Americas Division Human Rights Watch

 The launch of Human Rights Watch’s report coincides with renewed public debate in Venezuela over draft legislation that the government of President Hugo Chávez has introduced on the “social responsibility of radio and television.” 

“The draft law is a recipe for state control of the broadcast media,” said José Miguel Vivanco, executive director of the Americas Division of Human Rights Watch. “Its onerous, vaguely-worded restrictions and heavy penalties threaten Venezuela’s broadcast media.”

The draft legislation would impose stringent and detailed controls over radio and television broadcasts, greatly limiting what could be aired during normal viewing hours. Under the guise of protecting children from crude language, sexual situations and violence, it would subject adults to restrictive and puritanical viewing standards.

The 26-page report, Caught in the Crossfire: Freedom of Expression in Venezuela, describes how journalists face physical violence and threats, often by fervent civilian supporters of President Hugo Chávez. Noting the justice system’s failure to identify and punish those responsible for the attacks, the report recommends that the attorney general set up a special panel to investigate the problem.

The polarized political situation in Venezuela has negatively affected the right to free expression. During a 62-day general strike that lasted from December 2002 until February 2003, by which the political opposition hoped to force President Chávez to resign, private television networks broadcast hours of pro-strike propaganda free of charge. News and debate programs were extremely hostile to the Chávez government.

President Chávez, in return, accused the media of fomenting a coup and of waging psychological warfare. In early February, the Venezuelan Ministry of Infrastructure launched an investigation into the country’s four largest private television networks—RCTV, Globovisión, Televen, and Venevisión—for alleged violations of broadcasting regulations during their coverage of the strike.

The report analyzes the regulations in detail, concluding that they violate international standards protecting free expression. They contain loosely worded rules on incitement to violence and threats to public order that could penalize the stations’ legitimate expression of political views.

If found responsible for the infractions, the stations could be fined, ordered to suspend transmissions, or even have their broadcasting licenses revoked. The deadline for the completion of the government investigation of the four stations is set to expire soon.

Last week, in an equally imminent threat to free expression, the Venezuelan government introduced into Congress a revised version of a proposed bill to regulate the content of radio and television broadcasts. The draft legislation includes certain improvements over an earlier version drafted by the government, notably, the elimination of a provision that would have penalized “disrespect” to government authorities.

“We welcome the elimination of the ‘disrespect’ provision, an element of the law that we had strongly criticized in our report,” said Vivanco. “Yet we are extremely concerned that the remaining provisions of the draft legislation could force television and radio stations to present a sanitized version of the news during normal viewing hours.”

The report also noted the government’s positive steps in the area of free expression, such as an April 27 broadcast in which President Chávez called on his supporters to respect journalists and their work. But the report concluded that these efforts were insufficient.

“President Chávez’s conciliatory remarks are welcome, but it is crucial that his government take steps to end impunity for crimes against journalists and cease its efforts to muzzle private television stations,” said Vivanco.

<a href=www.vheadline.com>Venezuela's Electronic News Posted: Tuesday, May 20, 2003 By: Patrick J. O'Donoghue

Venezuelan President Hugo Chavez Frias is said to be annoyed by the success of the Cisneros Organization's telethon for street children last weekend, which netted $4.37 million in two days. It had been announced that the State TV channel VTV would be joining the campaign but the channel is said to have pulled out at the last minute owing to possible political fallout.

According to the organizers, the funds will be used to construct a site that will harbor 600 children in need. 

On a technical level, the successful event has been criticized because of the extended use of playback and voice dubbing by Venezuelan pop artists ...  only Simon Diaz and Franco de Vita sang live. The event took on political tones as presenter Daniela Kosan came on stage attired with the Venezuelan flag, which has become a symbol of the opposition. 

Independent observers suggest that the Cisneros Organization through its Venezuelan TV channel Venevision exploited the theme of street children to get at President Hugo Chavez Frias, who foolishly promised to rid the streets of street children within a year of taking office, calling them "children of the homeland."

The opposition hit upon the idea of raising money to help street children and have thrown the President's promise back in his face.

TV presenter, Mayte Delgado gushed patriotic statements of alleged pride of working in the media "now more than ever," in clear reference to the new government's controversial media content law. 

Opposition media bosses, Eladio Lares (RCTV) Victor Ferreres (Venevision), Alberto Federico Ravell and Guillermo Zuloaga (Globovision) were given special praise and Delgado set the house alight chanting the opposition slogan, "Not a step Backwards!" 

A snide remark from Zuloaga hammered home the content of the telethon, "we cannot guarantee that there won't be any street children in a year's time." 

TV critic, Aquilino Jose Mata has slammed the media for manipulating the telethon to show the opposition's media power and takes VTV to task for its "arrogant" attitude ..." such an event should have been an opportunity to unite the country for a cause and not to highlight demonstrations of intolerance."