From: To: Subject: Date: Sun, 16 Feb 2003 22:43:13 -0300

La ofensiva estatal aumenta las carencias CLAUDIA M.LINARES / Cuba Net LA HABANA

Son las ocho de la mañana. Algunos vecinos esperan para comprar el panecillo diario. El comentario de todos es que nadie está vendiendo nada.

Desde que comenzó la ofensiva contra la droga y ''otros comportamientos ilícitos", quienes vendían alimentos ilegalmente se declararon parados'' hasta que pase la cosa".

Nadie se atreve a guardar en sus hogares artículos como aceite, arroz, frijoles, leche en polvo en cantidades que puedan despertar sospechas, pues la policía está multando y confiscando mercancías a los que comercien sin licencia.

Todos desconfían de los desconocidos. Si alguien toca a la puerta de Juan para preguntar si tiene café, éste le responde rápido y tembloroso: ``No, señor, aquí no se vende nada".

Nadie sabe si la próxima redada policial será contra su vecino más cercano, conocido como el ''maceta'' del barrio, pues anda en moto y toma cerveza Bucanero todos los días.

En los comités de cada cuadra han anunciado la reactivación del ``Plan Maceta", el cual se llevó a cabo a mediados de los años noventa contra aquellos que se acusó de enriquecerse ilícitamente.

La carnicería está desierta. Hace un mes que vendieron seis huevos por persona, y el bodeguero sólo posee los sacos de arroz y las libras de azúcar que le corresponden. El bodeguero y el carnicero conversan sentados en el quicio de la acera mientras saludan y le hacen una seña a los vecinos de que ''la cosa está mala'' y todo el mundo está ``quieto en base". Desde el viejo que vende cigarrillos y cajas de fósforos robadas de la fábrica, hasta la joven que vendía almohadillas sanitarias, también robadas, por supuesto.

La doctora que antes salía a vender pasteles hechos ``por detrás del tapete", ahora está esperando que el tiempo pase. A lo mejor las redadas policiales terminan pronto y ella puede seguir buscándose unos pesos de más para alimentar a sus dos hijos.

Yoyi, la peluquera que le corta y tiñe el cabello a las mujeres del barrio, está desesperada. Hace más de veinte días que no puede trabajar, pues no tiene licencia, y ya en su cuadra han realizado dos operativos contra cuentapropistas ilegales.

A Mario le confiscaron los instrumentos de su carpintería y le impusieron 1,500 pesos de multa por arreglar muebles sin licencia.

Había burlado la ley gracias a que sobornaba a los inspectores estatales.

La cocinera del restaurante de la esquina ya no vende ilegalmente pollo ni bistéc, pues su jefe le advirtió que sólo tenía la cantidad justa.

Ahora, con esto de los operativos policiales, los jefes se guían por la norma y lo que está establecido.

Los responsables de Vigilancia de los Comités de Defensa de la Revolución se encargan de informar acerca de los que viven en cada cuadra con un nivel por encima de la media. María, que antes le aseguraba a la gente del barrio el jabón de lavar y el baño, en moneda nacional, ahora tiene miedo.

Hacia falta que llegara un demagogo de las proporciones de Chávez para que los venezolanos se dieran cuenta de que no existe, ni ha existido nunca, una verdadera democracia representativa en Venezuela. Dos generaciones y media han vivido pisadas por un estado inescrupuloso que ha metido sus sucias uñas en todos los espacios de la población civil promoviendo la mediocridad, el facilismo y la corrupción. Venezuela necesita desmantelar el estado, despojarle de todas las prebendas que ha ido usurpando a lo largo de su existencia y reducirlo a las funciones sociales para las cuales se justifica la existencia de un estado. Chávez no es un fenómeno sideral sino un producto de las circunstancias. Circunstancias generadas por una sociedad indiferente o posiblemente frustrada por su incapacidad de controlar a su propia democracia.

La semilla del mal El principio de la declinación de las fortunas venezolanas puede ser trazado inequívocamente al proceso de nacionalizaciones auspiciado por fortunas circunstanciales y en ningún caso meritorias. El alza de los precios petroleros generado por guerras religiosas en los confines del planeta dio pie a la formación de un “wellfare state” al estilo tropical.

El estado, embriagado por un espejismo recursos inagotables, empezó por comprar las empresas que operaban las industrias básicas de petróleo, hierro y aluminio. A continuación se embarcó con fuerza en un esquizofrénico proceso de sustitución de importaciones financiando hoteles, fábricas e industrias de dudoso futuro y terminó nacionalizando bancos y seguros por razones que nunca estuvieron del todo claras.

Pero la guinda que decoró al pavo fue un decreto presidencial limitando las inversiones extranjeras en Venezuela. Una deliberada bofetada a los capitales extranjeros que años más tarde llevaría al gobierno venezolano ante los impávidos financistas internacionales a mendigar préstamos para mantener en pie un esquema fracasado. Así el estado venezolano, que empezó comprando lo que nunca debiera haber comprado, terminó hipotecando el futuro de la nación. El círculo se había cerrado.

El estado, y por ende la nación, dejó de percibir la cornucopia de impuestos y regalías que religiosamente fluía a sus arcas y a cambio recibió un puño de acciones en industrias monopolísticas incapaces de competir efectivamente en los mercados internacionales

Las fortunas de los trabajadores de las empresas nacionalizadas se vinieron a menos al cambiar de patrono. Mientras que bajo la administración de la empresa privada sus derechos, sus beneficios y sus perspectivas fueron celosamente cuidados, bajo la administración pública cayeron en la ignominia y el olvido.

Los únicos beneficiarios de las nacionalizaciones fueron un selecto grupo de burócratas con las conexiones políticas adecuadas y los “sindicaleros” de turno que diligentemente se abocaron a popular las empresas estatales con “reposeros” profesionales.

Un modelo fracasado Las empresas estatales ni funcionan, ni han funcionado nunca, en ninguna parte del mundo. La muestra más dramática de ello fue el fracaso del experimento comunista y hasta el propio socialismo inglés, cuna del “well-fare state”, se ha visto en la necesidad de revisar este concepto como modelo de desarrollo. Anacrónicamente las intelectualidades de izquierda venezolana pretenden ignorar estas realidades.

La indiferencia, ineptitud y chabacanería conforman una actitud que solamente es atribuible a la falta de incentivos que ofrece una administración pública. El ser humano busca primordialmente la optimización de su bienestar personal y deja de funcionar cuando su esfuerzo personal no es compensado proporcionalmente. Un buhonero deriva mayor satisfacción de su humilde quehacer que cualquier empleado público del suyo; su iniciativa es premiada en razón del esfuerzo invertido y se convierte en amo y señor de su propio destino.

Los venezolanos no son ajenos a los infames servicios ofrecidos por las empresas públicas. Cuando los servicios de telefonía eran un monopolio estatal las líneas telefónicas se compraban en el mercado negro. En aquellas parte de la nación donde el servicio eléctrico es suplido por empresas estatales las fallas eléctricas son vicisitudes con la cuales tiene que copar la ciudadanía bajo el insólito pretexto de los servicio “solidarios”.

Y mientras el estado venezolano se dedica a ser empresario sus servicios sociales quedan relegadas a un segundo plano. Los servicios públicos de salud y educación se cuentan entre los peores del continente americano y en muchos casos solamente son comparables a los de las más pobres naciones africanas. Los trámites ante entidades gubernamentales están signados por la confusión, la frustración y la corrupción sin que el ciudadano cuente con instancia válida de apelación. La administración de justicia es una proposición escatológica que en poco sirve para proteger las libertades ciudadanas.

El imperativo histórico La función de un estado democrático está naturalmente reñido con el concepto de un estado gestor de aventuras comerciales. Mientras el estado democrático debe proteger a todos por igual, el estado-empresario crea desigualdades a su favor en detrimento del bienestar común. Los monopolios estatales son tan perniciosos como los monopolios del capitalismo.

Es por lo tanto imperativo que el estado se deshaga de todas y cada una de las operaciones comerciales actualmente bajo su tutela. Algunas iniciativas de privatización han sido altamente exitosas - como por ejemplo en el área de las telecomunicaciones - y otras iniciativas han servido para deslastrar al estado de proposiciones económicamente insostenibles. Ambas iniciativas han dejado a la nación en condiciones mejores a las existentes antes de las privatizaciones.

Más tarde o más temprano se deberá analizar desapasionadamente los beneficios que a la nación trajo la estatización de la industria petrolera. Solamente era cuestión de tiempo hasta que la industria petrolera fuera infiltrada por los partidos políticos. Ahora el venezolano debe decidir cual es el mayor de los males: una industria petrolera privatizada o una industria petrolera en manos del Chávez de turno.

La nacionalización de la industria petrolera estaba sustentada en la ilusa premisa de que el paraguas de nuestros aliados en el cartel de la OPEP garantizaría a perpetuidad precios petroleros ascendentes, lo cual probó ser una grave subestimación de la capacidad de respuesta de los países consumidores. La OPEP colectivamente y Venezuela individualmente fueron responsables por el desarrollo de los yacimientos de Mar del Norte y Alaska. No solamente se perdieron las cuantiosas inversiones que estos dos proyectos significaron sino que adicionalmente se creó un límite a los precios de los crudos del la OPEP.

En la cuenta final el principio de la OPEP, de apuntalar los precios de los crudos a base de controlar los niveles de oferta al mercado, es moralmente objetable y técnicamente imposible de implementar. Quizás si la OPEP llegara a monopolizar el suministro mundial de petróleo existiría la posibilidad de prolongar la agonía de una muerte inevitable. Hasta ahora la participación de Venezuela en la oferta mundial ha ido declinando mientras que las de Rusia, México y Noruega han experimentado significativos aumentos a costa de las deficiencias de la OPEP.

Venezuela confundió cuales eran las alianzas de su interés y prefirió las difusas alianzas ofrecidas por estados semi-feudales a la alianza con las democracias occidentales. Cuarenta años de desarrollo sostenido se perdieron en este proceso.

Redefinición de la democracia Curiosamente, este particular “estado promotor” nació y evolucionó bajo un sistema democrático, no bajo un dictadorzuelo tercermundista, no bajo la bota de un poder colonial, no bajo la dictadura de las masas sino bajo la complaciente e indiferente actitud de sus ciudadanos nacidos libres. Una ciudadanía que prefirió el facilismo emergente de una anarquía en ciernes a los rigores de la legalidad y el respeto a los derechos de todos. Una sociedad que prefirió ignorar las escuálidas condiciones de vida de una inmensa población sumida en la ignorancia y manipulada por una interminable caterva de demagogos. Chávez no es el primero en esta cadena y no será el último a menos que la ciudadanía esté dispuesta a entender y enfrentar el reto de la transformación de su democracia.

El estado debe retornar a sus funciones fundamentales siendo estas solamente aquellas funciones que no puedan ser suplidas y sustentadas por la iniciativa privada. Es la función del estado garantizar y fomentar la libre competencia, que prosperen las empresas exitosas y que fracasen las empresas ineficientes. El estado debe combatir los monopolios y carteles que carcomen las fundaciones de cualquier sociedad. El estado debe garantizar la pronta y equitativa administración de la justicia. El estado debe cobrarle impuestos a los que más tienen para asistir a los que menos tienen y así alcanzar una semblanza de justicia social. El estado debe promover la excelencia y condenar la mediocridad en todas las facetas de la sociedad tanto pública como privada. El estado debe velar por el bien común y no por los privilegios de unos pocos a costa de la sociedad en general.

De la Constitución se tiene que eliminar el mítico derecho del estado sobre las riquezas naturales de la nación. Este “derecho” solamente es compatible con el concepto divino de las monarquías feudales y de los regímenes totalitarios. El estado democrático solamente puede vivir de los impuestos voluntariamente asignados a él por la ciudadanía.

La Constitución y sus males Si bien en su forma La Constitución de Venezuela incorpora el principio de los tres poderes fundamentales para el buen funcionamiento de una democracia, en su efecto solamente existe un poder, el Poder Ejecutivo, al cual han estado históricamente supeditados el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

De la Constitución emanan los valores del centralismo en contra de los valores de las regiones o estados federados. El concepto del estado central convierte a la nación en una aldea global donde el bien de la ciudadanía está supeditado al bien del estado, en un gobierno de arriba hacia abajo. Este tipo de estado justifica el concepto del “estado promotor” y desvaloriza la iniciativa del individuo como la base fundamental de las democracias. Así nace y evoluciona el estado paternalista cuyos resultados son ampliamente conocidos.

La verdadera democracia nace del individuo y fluye hacia el estado central en dos fases concurrentes y paralelas. El ciudadano elige directamente a sus Gobernadores Regionales por un lado y a sus Representantes Nacionales por otro lado, manteniendo el privilegio de la región sobre el valor del estado central. Esto implica que las regiones deben constituir y velar por el buen funcionamiento de los tres poderes públicos que directamente afectan sus intereses particulares. El gobierno nacional queda limitado a las funciones que transcienden los poderes regionales.

La presidencia de la república, bajo el concepto de los estados federados, deja de tener los poderes absolutistas que han caracterizado a la democracia venezolana. La Asamblea Nacional se convierte en un poder legislativo complementario y no sustitutivo de las Asambleas Regionales y la Corte Suprema de Justicia solamente legisla sobre principios universales.

Mientras se mantenga el concepto del estado central, paternalista y promotor, los venezolanos deberán reflexionar que los Chávez y sus consecuencias seguirán siendo inevitables.

A.C.Merino Febrero 2003.