Ley del terror en Barinas
En el estado Barinas como en otras zonas rurales dedicadas a la ganadería se rebasa todo lo imaginable de lo que debe ser un Estado de Derecho. Impunemente se viola la Constitución y se ignora la propiedad privada.
El atropello, deja chiquito lo que fuera el salvaje oeste norteamericano, no se limita a Barinas. Igual suerte en menos, igual o mayor grado han corrido otras fincas en Zulia y Apure.
El brazo ejecutor de este abuso tiene un nombre, Adán Chávez, presidente del Instituto Nacional de Tierras, quien se ampara en unas ilícitas cartas agrarias, subterfugio en el que se apoya para burlar dos artículos de la Ley de Tierra que el TSJ consideró inconstitucionales.
Estas invasiones, en desconocimiento de la juridicidad, son avaladas por la Fuerza Armada Nacional por órdenes del presidente Chávez. Algo insólito en una democracia del siglo XXI.
Noventa fincas, todas productivas, han sido ilegalmente ocupadas en Barinas, en una acción de grosero autoritarismo propio de un país sin ley. Los soldados de la FAN hasta visten chaquetas con la siglas del MVR.
Los invasores han instalado alcabalas apoyados por la 23ª Brigada del Ejército acantonada en el estado de los Chávez y en las mismas se le impide a los dueños legítimos, como en el caso del ganadero Rogelio Peña, que retomen el control de sus fundos.
Hacendados y ganaderos se hallan inermes ante soberano abuso, y además, para que se les reconozca el derecho a la propiedad tienen que recorrer un via crucis que se inicia en los tribunales agrarios, que es como nombrar la soga en la casa del ahorcado, hasta llegar, quizá infructuosamente, al TSJ, hoy secuestrado por el Ejecutivo y mañana tal vez ni existirá finca.
Venezuela está sometida a un terrorismo de Estado, en el que no es ajena la violencia ni las anárquicas montoneras que campeaban en el siglo XIX. Así se vive hoy en el campo, así en las ciudades.